Este miércoles, la Audiencia Provincial de Cuenca ha comenzado un juicio contra T.M.C., un exprofesor de religión que enfrenta graves acusaciones de agresión sexual continuada a una menor, commetiéndose entre 2016 y 2017. La Fiscalía ha solicitado una pena de hasta doce años de prisión debido a la naturaleza de los delitos, que habrían tenido lugar mientras el acusado mantenía una relación cercana con la víctima, tanto en su rol como docente como a través de actividades en la parroquia.
De acuerdo con la versión presentada por el Ministerio Público, el profesor comenzó a comunicarse con la menor a través de la aplicación WhatsApp, enviándole mensajes que contenían contenido inapropiado. Estos mensajes incluían afirmaciones como «he soñado contigo» y propuestas para encuentros a solas. A pesar de que la joven manifestaba su incomodidad con la situación, T.M.C. la manipulaba emocionalmente para que no se sintiera mal.
Uno de los momentos más críticos ocurrió el 14 de mayo de 2016, cuando, en el contexto de la preparación de un evento religioso, T.M.C. contactó a la menor en los salones parroquiales y presuntamente la agredió sexualmente. Los abusos no se limitaron a ese incidente, pues el 21 de junio del mismo año, el acusado cerró la puerta de su despacho y atacó a la joven, sometiéndola a una presión emocional que le dificultó defenderse adecuadamente. La Fiscalía ha informado que el exprofesor repitió sus conductas agresivas en al menos cuatro ocasiones adicionales, creando un ambiente de manipulación emocional que perjudicó gravemente la salud mental de la víctima, quien ha sufrido ansiedad, depresión y pesadillas recurrentes.
Los delitos de los que se le acusa han sido clasificados como agresiones sexuales continuadas, lo que podría conllevar una condena de hasta doce años de cárcel. Además, la Fiscalía ha solicitado que T.M.C. no pueda trabajar con menores durante veinte años, le imponga una prohibición de acercamiento a la víctima que durará catorce años, y le someta a un periodo de seis años de libertad vigilada tras cumplir su condena. También se está demandando una indemnización de 100.000 euros que deberán asumir subsidiariamente la Junta de Comunidades y el Obispado de Cuenca.
Este caso pone de relieve la alarmante gravedad de los delitos sexuales perpetrados en entornos educativos, así como la necesidad urgente de reforzar la protección de menores frente a abusos de poder.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
