La pobreza energética en España se ha convertido en un problema cada vez más apremiante, con un 26,5% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social en 2023, según las últimas cifras oficiales. A pesar de que los ingresos y el empleo han mejorado, la inflación ha erosionado significativamente el poder adquisitivo de los hogares, dificultando su capacidad para hacer frente a los gastos básicos, como el precio de la energía.
Los datos revelan que, aunque los ingresos medios por persona han aumentado un 8,3% en 2023, situándose en 14.082 euros, la inflación ha contrarrestado este incremento. Esto ha llevado a que un 9% de la población sufra carencia material y social severa, en comparación con el 7,7% del año anterior.
El impacto de la inflación se refleja en indicadores preocupantes como el hecho de que el 6,4% de la población no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, y el 20,7% de los hogares no pudo mantener la vivienda a una temperatura adecuada en 2023, frente al 17,1% en 2022.
A nivel europeo, la inflación en la eurozona se ha moderado al 2,6% interanual en febrero de 2024, pero los precios de la energía siguen siendo un factor clave. Aunque la caída interanual de los precios de la energía se ha moderado al 3,7%, la escalada de precios en este sector sigue siendo un desafío no solo para España, sino también para otros países de la región como Croacia, Estonia y Austria, que experimentan las mayores tasas de inflación en la eurozona.
Ante esta situación, es fundamental implementar medidas multidimensionales para combatir la pobreza energética, abordando tanto la eficiencia energética como la asistencia a los hogares vulnerables. Es necesario contar con un enfoque integral que involucre a diversos actores, tanto del sector público como privado, para mitigar el impacto de la inflación en la pobreza energética y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una energía asequible y sostenible.
