A partir del próximo 3 de abril, las comunidades de propietarios en España contarán con nuevas competencias para regular los alquileres turísticos gracias a una modificación en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). Esta reforma permitirá que los propietarios puedan prohibir la actividad de pisos turísticos en sus edificios, siempre y cuando obtengan el respaldo de una mayoría de tres quintos. Además, las comunidades podrán establecer cuotas especiales o incrementar los gastos comunes para estas viviendas, con un aumento que podría llegar hasta el 20%.
Los alquileres turísticos han sido objeto de crítica por su contribución a la escasez de viviendas de larga duración y el aumento de precios en el mercado de alquiler. Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, se espera que las comunidades de vecinos tengan un mejor control sobre el uso de los inmuebles en sus edificios. Según el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas, aquellos propietarios que deseen alquilar sus viviendas como pisos turísticos deberán solicitar el consentimiento previo de la comunidad.
La modificación en la normativa se fundamenta en dos sentencias del Tribunal Supremo, que ya reconocían el derecho de las comunidades a prohibir esta actividad. Para regular los pisos turísticos, será necesaria una mayoría de tres quintos tanto para permitir como para restringir estos alquileres, así como para incrementar las cuotas de los gastos comunes para los inmuebles destinados a esta actividad.
En caso de que un propietario alquile su vivienda como piso turístico sin la autorización pertinente, el presidente de la comunidad podrá exigir el cese inmediato de la actividad y, si es necesario, iniciar acciones legales contra el infractor.
Este ajuste normativo se apoya en el Real Decreto-ley 7/2019, que permitía a las comunidades regular los alquileres turísticos, pero la nueva legislación refuerza esta capacidad, ofreciendo mecanismos más claros para controlar y limitar su impacto en el entorno residencial.
Con esta medida, se busca equilibrar los derechos de los propietarios con el bienestar de las comunidades, otorgando a estas últimas mayor autonomía para gestionar el efecto de los alquileres turísticos. A partir del 3 de abril, las comunidades de vecinos contarán con herramientas legales más eficaces para definir su convivencia, en un esfuerzo por fomentar una gestión sostenible del mercado de alquiler en España.
