Aznalcóllar, un pueblo de Sevilla marcado por el cataclismo ambiental del desastre de Bolidén en 1998, se encuentra en una encrucijada. Juan José Fernández Garrido, exminero y actual alcalde, ha dedicado una década de su vida a la alcaldía, defendiendo la reapertura de la mina Los Frailes, gestionada por el Grupo México. Para Fernández Garrido y sus seguidores, este proyecto representa una oportunidad para revitalizar la economía local. Sin embargo, ecologistas, pescadores y alcaldes de la desembocadura del Guadalquivir creen que es una amenaza para el medio ambiente.
Desde aquel fatídico abril de 1998, cuando el vertido tóxico contaminó el Guadiamar y amenazó el Parque de Doñana, el miedo a repetir ese desastre ha sido latente. Aunque en 2013 hubo un rayo de esperanza con la autorización para la reactivación minera, el camino hacia la reapertura ha estado repleto de obstáculos judiciales, además de nuevas preocupaciones derivadas de un estudio de la Universidad de Sevilla que advierte sobre los riesgos de vertidos contaminantes en el estuario del Guadalquivir.
Fernández Garrido ha respondido a las críticas de los ecologistas, defendiendo que su proyecto no busca causar daño, sino que propone soluciones tecnológicas de vanguardia para la gestión del agua y la rehabilitación del terreno. Afirma que es esencial extraer el mineral y sellar las escombreras para prevenir un desastre mayor: “El verdadero riesgo está en no actuar”, subraya.
En el trasfondo de este debate se encuentra un informe que señala que los vertidos de metales pesados desde la mina de Gerena, en operación desde hace una década, ya están afectando a los sedimentos del Guadalquivir. Esto ha llevado a Ecologistas en Acción a unirse con alcaldes de localidades cercanas para solicitar al presidente Juanma Moreno la paralización del proyecto, argumentando que algunas especies de mariscos, como los ostiones, han comenzado a debilitarse.
Frente a estas acusaciones, Fernández Garrido asegura que los cambios en el contraembalse del río Agrio, que han generado preocupación en la comunidad, son episodios naturales que han ocurrido en el pasado, argumentando que el agua de esa presa fue segura para el pueblo durante dos décadas.
A medida que Europa impulsa la explotación de minerales críticos clave para la transición energética, Aznalcóllar se enfrenta a un dilema entre la creación de empleo y la protección del medio ambiente. El Grupo México ha prometido 250 puestos directos y una planta de tratamiento de agua que cumpliría con altos estándares. Para Fernández Garrido, su compromiso es firme: “Cuando deje la alcaldía, mi prioridad será ver la mina restaurada”. Sin embargo, voces como la del catedrático Jesús Castillo advierten sobre los daños irreversibles que podría acarrear este proyecto, elevando la tensión en la región.
La cuestión que sobrevuela el futuro de Aznalcóllar no es solo una decisión económica, sino una elección crítica entre la recuperación de la historia minera del pueblo y la preservación de un ecosistema que, según muchos, ya ha tenido su segunda oportunidad. La resolución de este conflicto dependerá no solo de tribunales y estudios científicos, sino de la habilidad de cada bando para comunicar su visión y ganar el apoyo de la comunidad.
