Un estudio de SERES sobre la implantación de la factura electrónica en España en 2018, da cuenta que Castilla-La Mancha se ubica en los últimos puestos del ranking de uso de factura electrónica en ese año. Específicamente en la duodécima posición en emisión de facturas electrónicas con 0.91% del total de documentos emitidos a lo largo del 2018. Además, la Comunidad Autónoma se sitúa en el undécimo lugar en cuanto al volumen de empresas que facturan electrónicamente, 3.34% del total. SERES es una empresa especialista desde hace 30 años en soluciones de intercambio electrónico seguro de documentos.

Este estudio realizado por SERES sobre la implantación de la factura electrónica, muestra que Castilla-La Mancha se sitúa en la décima posición, con el 2,19 en 2018, subiendo un poco con respecto al 1,89% de 2017. Al analizar el volumen de empresas receptoras se sitúa en la novena posición con un 3,74% frente al 3,87% registrado en 2017. En cuanto a la emisión de facturas, la provincia más activa fue Toledo, (el 0,28% del total nacional) seguida de Guadalajara (0,27%), Albacete (0,17%), Ciudad Real (0,14%) y Cuenca (0,05%). En volumen de empresas emisoras, las de Toledo representaron el 1,34% del total, seguidas por las de Ciudad Real (1,17%), Cuenca (0,35%), Albacete (0,27%) y Guadalajara (0,21%).

En cuanto al volumen de facturas recibidas, encabeza el ranking, Guadalajara con el 1,00% deltotal nacional, seguida de Toledo (0,73%), Ciudad Real (0,23%), Albacete (0,16%) y Cuenca (0,07%). Finalmente, por volumen de empresas que recibieron facturas electrónicas, la primera posición corresponde a Toledo con un 1,34 seguida de Ciudad Real (0,78%), Guadalajara (0,64%), Albacete (0,54%) y Cuenca (0,44%).

De acuerdo con el estudio realizado por SERES para analizar la implantación de la factura electrónica en España, el número de facturas electrónicas procesadas en 2018 en España, ascendió a 181.884.086 documentos, un 14,92% más que en 2017. Del total, 147.953.331 documentos corresponden a transacciones entre empresas (B2B), 22.292.891 a operaciones entre empresas y las administraciones públicas (B2G) y 11.637.864 a ventas de empresas a particulares (B2C). Según el informe, gracias al uso de la factura electrónica, las empresas españolas se ahorraron en 2018 algo más de 900 millones de euros en la gestión de las facturas recibidas y 511 millones de euros en la gestión de las facturas emitidas. También se ahorraron 662.145 horas en la tramitación de las facturas recibidas y 106.963 horas en las emitidas, además de reducir de manera significativa el impacto medioambiental derivado de la eliminación del uso de papel.

En lo que se refiere al tamaño del negocio, la mediana empresa representa el 45,48% de las empresas emisoras y el 37,57% de las receptoras, la pequeña empresa reúne al 23,8% de las emisoras y el 26,17% de la receptoras, la gran empresa supone el 22,48% de las emisoras y el 24,48% de las receptoras y, finalmente, las micro empresas representa el 8,24% de la emisión y el 11,78% de la recepción.

La implantación del Suministro Inmediato de Información (SII) -el IVA online- en las Comunidades Forales – País vasco y Navarra- en enero de 2018 ha impulsado el uso de la factura electrónica en estos territorios, favoreciendo la transformación de los procesos internos de muchas empresas transformen sus procesos internos que vean en la factura electrónica un gran aliado para cumplir con la obligación. Algo asimilar ocurrirá en Canarias, en 2019, tras la implantación de SII a principios de eneros de este año.

Por su parte, la obligatoriedad de la factura electrónica para los subcontratistas de las AAPP ha tenido sus efectos y los seguirá teniendo en el futuro, como se aprecia el incremento de uso de la factura electrónica registrado en las operaciones B2G. La evolución de la normativa de facturación electrónica a las Administraciones Públicas – en vigor desde 2015 – ha dado lugar, en 2018, a la obligatoriedad de uso de la factura electrónica para los subcontratistas del Estado. Así, desde el 1 de julio de 2018, las empresas subcontratadas que trabajan para proveedores de las AAPP españolas están obligadas a facturar electrónicamente a los contratistas cuando el importe de los trabajos o servicios supera los 5.000 euros.

Resulta relevante, sobre todo de cara al futuro, el éxito internacional de la factura electrónica y los impulsos dados por la Unión Europea por normalizar su uso entre los países miembros. Un impulso a que ha permitido el desarrollo, a lo largo de 2018, de un nuevo formato común de factura electrónica cuyo uso que será de obligatorio uso en las contrataciones públicas europeas a partir del 18 de abril de 2019.

“En los últimos años -comenta Alberto Redondo, director de Marketing de SERES para Iberia y LATAM- asistimos a un fuerte crecimiento orgánico de la factura electrónica entre las empresas españolas, que va amplificando su capilaridad geográfica y sectorial”. Un crecimiento que, según Redondo, mantienen las tendencias. “Las medianas empresas siguen siendo el colectivo de usuarios de e-factura más importante y, al mismo ritmo, con menor escala, sigue creciendo el número de grandes y medianas empresas usuarias. Del mismo modo, por sectores se mantiene el liderazgo del sector Servicios, seguido por Industria y, a más distancia, el Sector Primario”.

A pesar de la contracción del crecimiento económico en la zona euro, todo parece indicar que 2019 será un año muy importante para la universalización de la factura electrónica en la UE. El nuevo estándar europeo de factura electrónica, que será obligatorio en las relaciones B2G a partir del próximo 18 de abril, y las primeras iniciativas nacionales que apuntan a una obligatoriedad general del uso de la e-factura serán el espaldarazo definitivo a la desmaterialización de la factura y al impulso del intercambio electrónico de otros documentos. “La e-factura es una pieza clave de la transformación digital de los negocios y sus efectos positivos empezarán a notarse en el conjunto de la sociedad”, añade Alberto Redondo.

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