La entrada en vigor de la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda el pasado 26 de mayo ha generado numerosas dudas y preguntas entre la población. Para aclarar estos interrogantes, el abogado Carlos de la Sierra, de reclamador, responde a las cuestiones más frecuentes planteadas a través de distintos canales de comunicación.
La Ley de Vivienda tiene como objetivo aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, reducir la tensión en el mercado de alquiler y respaldar a los jóvenes y colectivos vulnerables en su acceso a la vivienda. Esta normativa permite a las comunidades autónomas y municipios contener o reducir el precio del alquiler y aumentar el parque de vivienda en alquiler social. Sin embargo, ha generado controversia en el sector privado, donde se advierte que las medidas regulatorias pueden reducir la oferta de vivienda.
Con la nueva ley, es ahora ilegal que las inmobiliarias cobren sus honorarios al inquilino. La Ley de Vivienda ha modificado la Ley de Arrendamientos Urbanos y establece que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato serán a cargo del arrendador. En caso de encontrarse con una inmobiliaria que insista en cobrar estos honorarios, es crucial tener evidencia de dicho pago para poder reclamar su devolución posteriormente.
Respecto al aumento del alquiler, la nueva ley no prohíbe que el arrendador incremente la renta, pero ha limitado este incremento a un máximo del 2% este año y un 3% el año siguiente. A partir de 2025, la actualización de las rentas estará siempre por debajo del IPC.
La ley se aplica en todo el territorio español, incluyendo Madrid y otras ciudades. Además, se puede solicitar la calificación de «zona tensionada» para áreas en las que el pago del alquiler supone un esfuerzo económico significativo para los inquilinos. Esta calificación obliga a las administraciones de esas zonas a implementar medidas para corregir los desequilibrios en el mercado de vivienda.
En cuanto a los propietarios, deben seguir la limitación de precios mencionada. Además, la nueva ley ofrece incentivos fiscales, como deducciones en el IRPF de hasta el 90% sobre el rendimiento neto para contratos de arrendamiento en zonas tensionadas firmados a partir del 1 de enero de 2024.
Finalmente, el alquiler de habitaciones no está cubierto por la nueva ley, ya que se rige por el Código Civil y no está protegido por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Los deberes y obligaciones de cada parte, así como la duración del contrato o el precio, quedan a la voluntad del propietario e inquilino.
En resumen, la nueva Ley de Vivienda trae consigo cambios significativos que afectan tanto a arrendadores como a arrendatarios. En caso de tener dudas o necesitar asesoramiento, se recomienda contactar con un profesional legal.
