En los últimos meses, varias comunidades autónomas en España han reformado sus leyes LGBTIQ+, lo que ha generado preocupación entre colectivos sociales y organismos de derechos humanos. La situación es especialmente alarmante ante el uso de los derechos del colectivo trans como moneda de cambio en acuerdos políticos, lo que ha llevado a la eliminación de garantías en la Ley Trans estatal.
Aspectos destacados de estas reformas incluyen la restricción en el acceso a servicios de salud, la reaparición de terapias de conversión y la supresión del derecho a la autodeterminación de género, incluso para menores. Un caso reciente es la aprobación de la Ley 5/2025 en la Comunidad Valenciana el 30 de mayo, donde las Cortes Valencianas, con el apoyo de PP y VOX, modificaron sustancialmente la legislación autonómica, limitando la autodeterminación de género y la promoción de contenidos LGBTIQ+ en el sistema educativo. Esto también incluyó la introducción del controvertido «pin parental».
La Comunidad Valenciana sigue el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que en 2023 ya había reformado su legislación para dificultar el acceso a bloqueadores hormonales para menores y la enseñanza sobre diversidad. Otras comunidades como Extremadura y La Rioja intentaron reformas similares, que fueron rechazadas. En Castilla-La Mancha, una reciente modificación de su Estatuto de Autonomía eliminó la mención al colectivo LGBTIQ+ como grupo vulnerable, generando críticas de invisibilización institucional.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos advierten que estos cambios representan un grave retroceso en derechos ya consolidados, aumentando la vulnerabilidad y el riesgo de que las personas LGBTIQ+ sean víctimas de discriminación. Beatriz Martos, de Amnistía Internacional España, enfatizó que los derechos de las personas LGBTIQ+ no deben depender de los intereses políticos de cada gobierno.
La situación a nivel nacional está acompañada de un aumento en los delitos de odio, con un incremento del 53% en diligencias presentadas por delitos de discriminación relacionados con la orientación sexual entre 2022 y 2023. También se ha reportado un 35% de aumento en delitos de odio hacia personas LGBTIQ+ cometidos a través de internet.
Ante esta grave situación, Amnistía Internacional ha hecho un llamado a las comunidades autónomas y al gobierno central para que implementen leyes que garanticen los derechos de las personas LGBTIQ+, prohíban las terapias de conversión y adopten políticas públicas que aseguren que no haya retrocesos en derechos.
A nivel mundial, la situación de los derechos LGBTIQ+ es crítica. Según ILGA, 64 estados miembros de la ONU criminalizan actos sexuales entre personas del mismo sexo, y 12 países imponen pena de muerte por relaciones homosexuales consentidas. Mientras que en algunas regiones se han visto avances, como la legalización del matrimonio igualitario en Taiwan y otros países, los retrocesos en otros lugares, como Hungría y Rusia, reflejan una lucha constante por los derechos básicos del colectivo.
A pesar de estas adversidades, la respuesta de la sociedad es cada vez más fuerte. Manifestaciones en defensa de los derechos LGBTIQ+ continúan en diversas partes del mundo, recordando la necesidad de seguir luchando por la igualdad y la visibilidad del colectivo en todo el ámbito global.
