La Moncloa, Madrid. Al término de una reciente reunión, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, y la directora del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria, Rosa Prieto, comparecieron para informar sobre las medidas del primer paquete de respuesta inmediata aprobadas por el Gobierno.
Suárez destacó la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto-ley que agrupa un «ambicioso» conjunto de medidas urgentes aprobadas por el Consejo de Ministros, con un valor estimado de más de 10.600 millones de euros. Este paquete busca reforzar la red de protección ya establecida durante catástrofes anteriores, como la pandemia de Covid y la erupción del volcán de La Palma.
Entre las principales medidas, se incluyen ayudas directas a familias y empresas. Rosa Prieto explicó que se destinarán 838 millones de euros en ayudas directas a aproximadamente 95.000 autónomos y pymes en las zonas afectadas por la DANA. Para los autónomos, estas ayudas serán de 5.000 euros, mientras que las pymes recibirán cantidades que oscilarán entre los 10.000 y 150.000 euros, según su volumen de operaciones. Las solicitudes se podrán presentar a partir del 19 de noviembre, y los pagos comenzarán el 1 de diciembre.
Además, se implementará una reducción de los módulos agrícolas mediante una orden ministerial de Hacienda, afectando principalmente a las explotaciones y actividades agrarias que hayan padecido los efectos de la DANA. También se contempla la exención del IRPF y del Impuesto de Sociedades para las ayudas directas y otras medidas fiscales, como la exención del IBI para el ejercicio 2024 y la reducción proporcional del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
Los ciudadanos de las áreas afectadas también podrán aplazar hasta tres meses el segundo pago del IRPF, además de extender los plazos de trámites y procedimientos tributarios hasta el 30 de enero de 2025. Por otra parte, se han establecido puntos de atención específicos en las oficinas de la Agencia Tributaria en Valencia para ayudar a los afectados con sus consultas y trámites.
En el ámbito de la Seguridad Social, se ha creado una incapacidad temporal extraordinaria para trabajadores con dolencias debido a la DANA, garantizando un 75% de su salario desde el primer día en que se necesite. Asimismo, se incrementará en un 15% el ingreso mínimo vital y las pensiones no contributivas para aproximadamente 33.000 hogares durante tres meses.
Los autónomos también tendrán la posibilidad de solicitar una prestación por cese de actividad que alcanzará el 70% de su base de cotización, sin necesidad de haber cumplido con los requisitos mínimos habituales. Las empresas podrán aplicar un ERTE por fuerza mayor, lo que les permitirá suspender temporalmente relaciones laborales o reducir jornadas sin coste en las cotizaciones a la Seguridad Social hasta al menos el 28 de febrero de 2025.
Con estas medidas, el Gobierno busca consolidar una respuesta urgente para proteger a los ciudadanos afectados, garantizando un seguimiento continuo y ajustes necesarios para una reactivación ágil y efectiva. Suárez ha subrayado que se estima que alrededor de 400.000 trabajadores podrían beneficiarse de estas iniciativas.
