Los Servicios de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha han anunciado su acceso a la base de datos del Colegio de Registradores de la región, específicamente al Registro de Titularidades Reales (Retir). Este nuevo acceso tiene como propósito optimizar la fiscalización de los contratos públicos que afectan a la Administración autonómica.
El acuerdo fue firmado por Fernando Andújar, presidente de la Cámara de Cuentas, y el decano del Colegio de Registradores, Alfredo Delgado. Este convenio permitirá a la Cámara acceder a información esencial sobre los verdaderos tenedores de las sociedades mercantiles, en cumplimiento de las normativas europeas.
Andújar subrayó que, gracias a este convenio, la identificación de los titulares de empresas públicas será «menos complicada», lo que facilitará una supervisión más efectiva de los contratos públicos. En sus declaraciones, calificó el proceso actual como «más pantanoso», remarcando las complicaciones que pueden surgir al seleccionar un contratista.
“Para auditar o fiscalizar los contratos que realiza la Junta y otros entes públicos, podremos saber quién está detrás de estas empresas,” afirmó Andújar, añadiendo que el acceso al registro permitirá un análisis más exhaustivo de los perceptores de ayudas públicas.
Por su parte, Alfredo Delgado destacó que este convenio facilitará, «sin coste alguno», la identificación de los titulares reales de las sociedades, así como de aquellas que pertenecen a su cadena de control. Este registro es clave no solo para mejorar la transparencia en el ámbito empresarial, sino también en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la corrupción.
Delgado también informó que el registro incluye alrededor de 3 millones de sociedades inscritas, de las cuales entre el 5 y el 7 por ciento están registradas en Castilla-La Mancha. Además, mencionó la iniciativa del Colegio para sensibilizar sobre el blanqueo de capitales, que condujo a la creación del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), utilizando información de los Registros de Propiedad, Mercantiles y de Bienes e Inmuebles.
En el ámbito nacional, se generan aproximadamente 15.000 alertas anuales sobre posibles fraudes, de las cuales unas 300 corresponden a la región de Castilla-La Mancha. Estas alertas son consideradas «muy eficaces» para detectar irregularidades.
El convenio firmado tendrá una duración aproximada de cuatro años, con posibilidad de prórroga por un plazo igual, previa negociación entre las partes involucradas.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
