La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha anunciado recientemente que el Gobierno garantizará la financiación completa necesaria para la implementación de la Ley de Universidades. Durante su intervención en el programa ‘Las Mañanas’ de RNE, Morant destacó que esta ley contará con un importante número de plazas para profesores, con el objetivo de abordar la alarmante situación de temporalidad que afecta a casi el 50% de los docentes universitarios.
Según Morant, esta alta tasa de temporalidad se debe en gran medida a los periodos de austeridad y recortes previos en el ámbito universitario. Sin embargo, con una inversión de 150 millones de euros para la creación de 3.400 plazas docentes, el Gobierno busca establecer una solución estructural a este problema.
La financiación para esta iniciativa provendrá de una colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Morant subrayó la importancia de que todas las comunidades cumplan con su parte del financiamiento, expresando en particular su preocupación por la situación en la Comunidad de Madrid. La ministra criticó fuertemente la propuesta de ley universitaria de la región, calificándola de amenaza y señalando su inquietud acerca de una posible privatización de la educación superior impulsada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En este sentido, Morant señaló que la financiación destinada a las universidades en Madrid es un 21% inferior a la media nacional, lo que refuerza sus temores sobre una mayor privatización debido a la falta de aportación económica local.
Por otro lado, la ministra resaltó la importancia crucial de la ciencia en la lucha contra desafíos globales como el cambio climático y emergencias como los incendios forestales. También manifestó su preocupación por la influencia de las noticias falsas y el escepticismo hacia la ciencia, mostrando inquietud ante la presunta influencia del negacionismo científico promovido por Vox en el Partido Popular.
En resumen, la financiación total para la implementación de la Ley de Universidades representa un paso significativo hacia la mejora de la situación de las universidades españolas y la estabilización del empleo docente. La apuesta por la ciencia y la educación de calidad se vislumbra como una prioridad para el Gobierno, en un momento en el que las instituciones educativas enfrentan múltiples desafíos y amenazas.
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