La creciente presión sobre los alquileres vacacionales irregulares ha llevado al Gobierno de Canarias a intensificar su colaboración con plataformas digitales. En este contexto, Airbnb ha suscrito un nuevo acuerdo con el Ejecutivo autonómico, centrado en la detección y eliminación de alojamientos turísticos que infringen la normativa.
El compromiso implica la retirada inmediata de alojamientos manifiestamente irregulares, entre los que se encuentran desde tiendas de campaña hasta furgonetas camper, barcos o yurtas. Solo en las últimas tres semanas, la plataforma eliminó 157 anuncios tras el acuerdo alcanzado con las autoridades canarias. Además, los nuevos anuncios deben incluir obligatoriamente un número de registro, una medida destinada a garantizar la legalidad de la oferta turística.
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Pese a estas acciones, los 157 anuncios retirados representan apenas una fracción del total de alojamientos disponibles. Según un estudio reciente respaldado por el Gobierno regional, entre 2009 y 2024 se crearon 128.000 nuevas plazas turísticas, de las cuales 103.000 correspondieron al alquiler vacacional. Este boom ha tensionado el mercado inmobiliario, encareciendo el acceso a la vivienda y generando críticas desde colectivos ciudadanos, que exigen medidas más contundentes.
La clave del nuevo acuerdo radica en la obligatoriedad del registro turístico para cualquier alojamiento que desee anunciarse en Airbnb. "Nuestro objetivo es proteger al residente y a los alojamientos turísticos reglados", explicó la consejera de Turismo, Jéssica de León, en declaraciones recogidas por Europa Press.
Cerramos este acuerdo con Airbnb para sacar de la comercialización toda la oferta irregular. En tres semanas, 157 bajas entre yurtas, casetas, furgones y barcos. — Jessica de León (@Jessicaleonver).
Para reforzar los controles, el Gobierno autonómico planea ampliar la plantilla de inspectores, hoy compuesta por apenas 14 funcionarios, y cuenta con el respaldo de la Policía Canaria. La medida forma parte de la estrategia regional para adaptarse a la próxima normativa europea sobre alquileres de corta duración, que entrará en vigor este verano.
Este pacto no es una iniciativa aislada. Airbnb ya ha firmado acuerdos similares con otras administraciones, como el Consell de Ibiza o la Región de Murcia. Jaime Rodríguez de Santiago, director general de Airbnb Marketing Services, destacó que la colaboración con Canarias es "un paso adelante fundamental" en la aplicación del nuevo marco europeo.
Mientras tanto, desde el Gobierno insisten en que la batalla legal contra la oferta irregular debe extenderse a todo el sector. La consejera De León confirmó negociaciones avanzadas con Booking, pese a las diferencias en sus modelos de negocio.
El debate sigue abierto. Los canarios reclaman soluciones definitivas para frenar el impacto del turismo en la vivienda, mientras las autoridades intentan hallar un equilibrio entre la economía turística y el derecho a un techo asequible. Lo que comenzó como un ajuste normativo podría transformarse en un modelo replicable en otras regiones españolas que enfrentan el mismo desafío.
