A partir del 2 de diciembre, España implementará el Real Decreto 933/2021, que obligará a hoteles y alojamientos turísticos a recopilar una mayor cantidad de información sobre sus huéspedes. El Ministerio del Interior justifica esta medida como un esfuerzo para mejorar la seguridad ciudadana, específicamente en relación con el terrorismo y el crimen organizado. Sin embargo, esta decisión ha suscitado preocupaciones significativas entre defensores de la privacidad y derechos civiles.
Actualmente, los hoteles solo tienen que recopilar 14 datos básicos de los huéspedes, que incluyen el nombre, la identificación y la fecha de entrada. Con la nueva normativa, este número se elevará a 42, añadiendo información sensible que incluye datos de pago y detalles como el número de tarjeta de crédito, el número de habitaciones ocupadas, y la conexión a Internet del establecimiento.
El aumento en la recolección de datos es notable. A los 14 datos previos se suman ahora requerimientos adicionales que incluyen información del contrato de alojamiento y la transacción económica, como el tipo de medio de pago y su titular. También se exige información sobre la relación de parentesco entre los viajeros si hay menores involucrados, así como la dirección completa de su residencia habitual.
A pesar de que el Ministerio del Interior sostiene que estos datos serán manejados con confidencialidad, el gran volumen y la naturaleza sensible de la información han generado inquietudes sobre la seguridad de los sistemas que almacenarán estos datos. Críticos del decreto señalan que la administración ha mostrado vulnerabilidad frente a ciberataques y filtraciones de datos, lo que pone en duda la capacidad del gobierno para proteger información tan delicada.
Existen también voces que cuestionan si estas medidas son realmente necesarias o si, por el contrario, representan un exceso en la vigilancia de los ciudadanos. A pesar de controversias sobre la privacidad, algunos argumentan que el cumplimiento de la ley debería primar por encima de la preocupación por el control sobre la información personal.
Esta controversia no solo ha captado la atención a nivel nacional, sino que también ha resonado en la prensa internacional, que observa con escepticismo cómo España se dirige hacia un modelo más restrictivo de control de datos. Algunos medios han comparado esta medida con sistemas de vigilancia masiva, alertando sobre el potencial uso indebido de la información recogida.
Con la implementación del decreto a la vuelta de la esquina, es probable que el debate sobre el delicado equilibrio entre la necesidad de seguridad y el respeto por la privacidad continúe intensificándose. Mientras tanto, los viajeros se preparan para compartir una cantidad significativamente mayor de información personal cuando se alojen en hoteles o apartamentos turísticos en España.
Los nuevos requisitos específicos que los hoteles deberán cumplir incluyen la recolección de datos de la empresa arrendadora, datos del establecimiento, datos de los viajeros, y datos de la transacción, cada uno desglosado en detalles minuciosos que aseguran un control exhaustivo de la información.
En resumen, mientras que el nuevo decreto busca reforzar la seguridad, también plantea importantes preguntas sobre la privacidad y la protección de datos en un contexto donde la transparencia y la confianza del público son más cruciales que nunca.
