El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intensificado su lucha legal contra el magistrado Juan Carlos Peinado, presentando una ampliación de la querella por prevaricación. Esta decisión se basa en lo que Sánchez considera un abuso de poder por parte del juez, quien, desde su perspectiva, ha realizado una interpretación arbitraria de la ley que amenaza tanto sus derechos personales como los principios fundamentales del Estado de Derecho.
El conflicto se centra en la manera en que Peinado ha abordado el silencio y las decisiones del presidente y de su esposa en un proceso judicial. La controversia surge tras las “inferencias” que el juez ha hecho a partir de la decisión de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, de no declarar contra su cónyuge. Este derecho, amparado por la ley desde hace más de un siglo, ha sido interpretado por Peinado de forma que, según Sánchez, se alinea con sus propias convicciones, lo que ha llevado al presidente a considerar su actuación no solo injusta, sino peligrosa para el sistema judicial.
La Abogacía del Estado ha manifestado su apoyo a la acción de Sánchez, resaltando la relevancia de la imparcialidad judicial en el contexto actual. El presidente ha afirmado que la conducta del juez representa una amenaza no solo para su figura, sino para los derechos fundamentales que garantizan la integridad de la Presidencia del Gobierno. A lo largo de la historia, esos derechos han sido respetados hasta que, según Sánchez, Peinado decidió distorsionar su significado a través de interpretaciones sesgadas.
Sánchez ha imputado a esta disputa un significado más amplio, que se extiende más allá de la defensa de su figura pública, planteando la esencia de cómo debe interpretarse la ley. En este sentido, la ampliación de la querella se posiciona como una defensa de la justicia misma, exigiendo que los jueces actúen con responsabilidad y respeto a la legalidad, en vez de permitir que la justicia se convierta en un instrumento de venganza personal.
Este caso pone en la mesa una interrogante crucial: ¿los jueces tienen la prerrogativa de reinterpretar la ley de acuerdo con su criterio personal, o deben ser responsables de aplicarla tal como está escrita? Sánchez, en su firme pronunciamiento, ha dejado claro que la toga no debe ser un escudo para la arbitrariedad, sino un símbolo de la responsabilidad que conlleva el ejercicio de la justicia.
