El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha hecho un llamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que reevalúe el acuerdo firmado entre el PSC y ERC, que otorga a Cataluña la capacidad de gestionar sus propios impuestos. Esta solicitud se realizó durante una reunión mantenida en el Palacio de La Moncloa, donde García-Page sugirió elaborar un nuevo documento a partir de un debate «multilateral» que involucre a todas las comunidades autónomas. El objetivo de esta propuesta es «intentar cuadrar el círculo» en lo que respecta a la financiación autonómica.
En la rueda de prensa posterior a la reunión, el presidente castellanomanchego defendió un modelo de financiación que sea inclusivo y equitativo, enfatizando que no deberían existir regímenes especiales más allá de lo que establece la Constitución. García-Page manifestó su preocupación por las aspiraciones de Cataluña, destacando que las comunidades forales como el País Vasco y Navarra podrían sentirse amenazadas por esta excepción en la gestión tributaria, lo que podría provocar un efecto dominó en la equidad del sistema de financiación autonómica.
El presidente también abordó la necesidad de avanzar en la creación de una ley de armonización fiscal que evite el «dumping» entre las distintas comunidades. A su juicio, «la capacidad fiscal no puede ser gestionada a través de 17 regímenes diferentes», y propuso un enfoque que prevenga la competencia fiscal desleal.
García-Page recordó que existen 194 asuntos que impactan las relaciones de gestión entre su comunidad y el Gobierno de España, y enfatizó que gran parte de estos temas deben ser tratados con diferentes ministerios. Sin embargo, el punto central de la conversación fue la financiación autonómica, un asunto que ha defendido consistentemente en diversos foros.
El presidente subrayó que la riqueza de España es patrimonio común y que no pertenece exclusivamente a las comunidades autónomas. «La riqueza de Castilla-La Mancha no es de los castellanomanchegos, y la de Cataluña no es de los catalanes. Es de todos», afirmó, resaltando que la distribución de la riqueza no debe basarse en criterios territoriales, en oposición a los principios de equidad federal.
García-Page también hizo hincapié en que, en la búsqueda de una redistribución justa de la riqueza, es esencial que quienes más tienen contribuyan más, tanto a nivel individual como territorial. Citando el artículo 156 de la Constitución, recordó que el 90% del gasto autonómico se destina a áreas críticas como la sanidad, la educación y los servicios sociales, afirmando que «no hay privilegio posible» en ninguna región.
Por último, concluyó subrayando que ningún territorio debería aspirar a retener toda su riqueza, ya que esta es el resultado del esfuerzo y trabajo de generaciones pasadas.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
