12 octubre, 2025
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Publicación en el DOCM de la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa que Entrará en Vigor en 20 Días

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha dado a conocer en su edición de este jueves la nueva Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa, que fue aprobada el pasado jueves por el pleno de las Cortes regionales y que entrará en vigor en un plazo de 20 días.

Esta ley se estructura en seis títulos que abarcan un total de 71 artículos, además de incluir tres disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y once disposiciones finales. Se organiza en tres bloques de acción principal. El primer bloque está orientado a simplificar los procedimientos de tramitación administrativa, implementando medidas como la reducción de plazos y la armonización de informes. También se destacan el establecimiento del silencio estimatorio y la utilización de declaraciones responsables.

Dentro de este contexto, la ley contempla la creación de unidades administrativas de apoyo que tendrán la función de asistir a los órganos administrativos en situaciones de urgencia o necesidad. Asimismo, aboga por la generalización del sentido estimatorio de los silencios y la implementación del doble silencio positivo, con el objetivo de facilitar los trámites a los ciudadanos.

El segundo bloque de la ley se centra en la introducción de entidades colaboradoras de la Administración, las cuales son personas jurídicas autorizadas para llevar a cabo funciones de informe y certificación. Su labor será acreditar la verificación de la documentación presentada por los interesados en un procedimiento. Este modelo ya se aplica en la Administración del Estado y en diversas regiones del país, y está claro que estas entidades no asumirán funciones de autoridad.

Por último, el tercer bloque regula cuestiones relacionadas con la administración digital, fomentando el uso de herramientas emergentes como la Inteligencia Artificial y la automatización de procedimientos. La intención es ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a los empleados públicos como a los usuarios de los servicios.

Esta nueva normativa marca un paso significativo hacia la modernización y eficiencia de la administración en Castilla-La Mancha.

vía: Diario de Castilla-La Mancha

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