Un reciente informe del Ministerio del Interior ha revelado detalles inquietantes sobre la fallida captura de Carles Puigdemont, quien se encuentra exiliado en Bélgica desde 2017. El documento señala graves errores en la coordinación entre las fuerzas de seguridad españolas y catalanas, exponiendo la gestión del gobierno de Pedro Sánchez.
Entre los puntos más destacados, el informe establece que aunque la detención de Puigdemont era considerada un “objetivo operativo” prioritario, las órdenes para activar un dispositivo de búsqueda solo se emitieron tras la confirmación de su fuga. Este retraso ha suscitado críticas generalizadas sobre la eficacia de la respuesta institucional.
Además, el informe indica que las carreteras de alta capacidad, aquellas que podrían haber sido utilizadas por Puigdemont para escapar, quedaron bajo el control exclusivo de los Mossos d’Esquadra, sin que la Policía Nacional o la Guardia Civil intervinieran en esos puntos críticos. Esta falta de vigilancia contribuyó a la evasión del exlíder catalán, aumentando las sospechas sobre la verdadera intención detrás de la ausencia de colaboración entre las fuerzas de seguridad.
También se destaca la falta de controles eficaces en las fronteras interiores. A pesar de que el Tratado de la Unión Europea permite establecer tales controles cuando las circunstancias lo requieren, su ausencia en este contexto plantea serias dudas sobre la disposición de las autoridades para evitar la fuga de Puigdemont.
Finalmente, la gestión del operativo de búsqueda ha sido objeto de severas críticas. Las instrucciones para coordinar las acciones de las fuerzas de seguridad solo se dieron una vez que Puigdemont había logrado escapar, generando la percepción de que se actuó de manera inepta y a destiempo. Las controversias que rodean este caso no solo cuestionan la capacidad del Ministerio del Interior, sino que también alimentan la especulación sobre un posible interés en facilitar la fuga del exlíder catalán.
