La reciente implementación de la Ley 2/2025, vigente desde el 1 de mayo de 2025, ha generado un cambio notable en el ámbito laboral en España, al introducir modificaciones significativas en el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social. Un cambio destacado de esta reforma es la eliminación de la extinción automática del contrato en casos de incapacidad permanente, subrayando la importancia de la inclusión en el entorno laboral.
Antes, cuando un trabajador era declarado con incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, su contrato podía finalizar sin necesidad de trámites adicionales. Con la nueva legislación, las empresas deben explorar opciones antes de tomar una decisión final. Esto significa considerar ajustes en el puesto de trabajo o reubicar al empleado en una función adecuada a su situación actual.
El procedimiento para las empresas tras una declaración de incapacidad permanente incluye varios pasos. Inicialmente, el trabajador dispone de 10 días naturales para expresar su deseo de permanecer en la empresa. Posteriormente, la empresa tiene hasta tres meses para evaluar la posibilidad de adaptar el puesto o reubicar al trabajador. Solo si estas medidas resultan inviables sin suponer una carga excesiva para la empresa, se podrá proceder a la extinción del contrato, siempre con justificación.
Los ajustes razonables son las modificaciones necesarias para que una persona con discapacidad desempeñe sus funciones en condiciones equitativas. La ley establece criterios claros para identificar cuándo una carga es excesiva, centrándose en especial en las pequeñas empresas con menos de 25 empleados. En estos casos, se considera excesiva si el coste de adaptación supera la indemnización legal por despido o seis meses de salario del trabajador, sin considerar ayudas públicas.
Esta reforma legislativa no solo presenta un desafío, sino también una oportunidad para las empresas. Los empresarios y emprendedores deben ser proactivos al evaluar la posibilidad de realizar estas adaptaciones y documentar cada paso del proceso. Esto no solo asegura el cumplimiento de la normativa, sino que también fortalece la posición de la empresa ante posibles inspecciones o litigios.
La Ley 2/2025 marca un avance importante en la protección de los derechos laborales de las personas con discapacidad, promoviendo un entorno de trabajo más inclusivo. Organizaciones como Puigverd Assessors están dedicadas a ofrecer asesoramiento a las empresas, asegurando que cumplan con esta nueva legislación y fomenten prácticas laborales en línea con principios de igualdad y no discriminación.
