El Gobierno español aprueba la Ley de Función Pública con evaluación de rendimiento para los funcionarios
En un giro inesperado en la administración pública española, el reciente Gobierno ha aprobado la Ley de Función Pública, que plantea un nuevo escenario para los funcionarios del país. Con esta legislación, entra en vigor una política de evaluación de rendimiento que podría llevar al despido de funcionarios que no cumplan con los estándares establecidos.
La Ley de Función Pública, aprobada mediante Real Decreto (Real Decreto-Ley 6/2023), introduce un sistema de evaluación del desempeño individual de los funcionarios. Hasta ahora, ser funcionario en España era sinónimo de estabilidad laboral y seguridad hasta la jubilación. Sin embargo, con la nueva ley, los funcionarios se enfrentarán a pruebas de evaluación similares a las del sector privado, y su continuidad en el cargo dependerá de los resultados obtenidos.
El cambio más significativo que introduce esta ley es la evaluación individual del rendimiento de los funcionarios, vinculando su progreso laboral, ascensos y aumentos salariales a los resultados de estas evaluaciones. Este enfoque individualizado rompe con la práctica anterior de evaluar el rendimiento de grupos enteros de trabajadores en puestos similares.
Aunque la ley aún no especifica los detalles sobre cómo se llevarán a cabo estas evaluaciones, sí establece su carácter obligatorio. Los funcionarios que no realicen estas pruebas o no alcancen los mínimos exigidos podrían enfrentarse a la pérdida de su plaza, algo impensable hasta ahora a menos que se incurriera en faltas graves.
La urgencia en la aprobación de esta ley responde a la necesidad de cumplir con los plazos establecidos por la Comisión Europea para el desembolso de los Fondos Next Gen del Plan de Recuperación. La Vicepresidenta Cuarta y Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha defendido la medida como esencial para modernizar la administración pública y mejorar el servicio a los ciudadanos.
Aunque los sindicatos han mostrado su desacuerdo, especialmente con la evaluación individual del rendimiento, el Gobierno sostiene que esta ley es fundamental para una administración pública eficiente. La Ministra Montero ha resaltado el esfuerzo del gobierno para aumentar la oferta de empleo público, apuntando a un incremento del 126% tras años de estancamiento.
Con la aprobación de la Ley de Función Pública, España se enfrenta a un cambio significativo en la gestión de su personal público. Aunque la ley promete modernizar y hacer más eficiente la administración pública, también plantea desafíos y genera incertidumbre entre los funcionarios. El tiempo dirá si esta medida logra su objetivo de mejorar el servicio público y la eficiencia administrativa.
