En un reciente desarrollo dentro de la investigación que sigue la trayectoria del conocido productor musical Nacho Cano, el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha convocado a dos policías a prestar declaración como investigados este próximo 27 de febrero. Estos agentes, pertenecientes a la Comisaría del distrito Centro, desempeñaron roles fundamentales en la cadena de eventos que llevaron a la detención del artista durante el verano pasado. El magistrado Carlos Valle, encargado del caso, ha señalado a los oficiales —identificados únicamente por sus números profesionales— bajo la sospecha de haber cometido un delito de coacciones.
Este procedimiento legal se deriva de las acusaciones realizadas por una de las becarias que formaban parte del grupo de 16 jóvenes bajo la tutela de Nacho Cano. Los documentos judiciales indican que los oficiales en cuestión fueron quienes recabaron la declaración de esta becaria, uno de ellos ejerciendo además como secretario en el atestado de arresto contra Cano.
Sin embargo, la situación jurídica del productor musical se complica aún más, ya que está siendo investigado en otro tribunal por supuestas violaciones a los derechos de los trabajadores extranjeros. Las autoridades sospechan que Cano empleó a estudiantes para su producción musical “Malinche” sin respetar las regulaciones establecidas por la Ley de Extranjería. Ante esta situación, el productor defiende que su intención era formar a jóvenes mexicanos para su inclusión en el musical, que está programado para estrenarse el 28 de marzo de 2025 en México.
El embrollo legal que rodea a Nacho Cano parece lejos de encontrar una resolución inminente, ya que se expande por varios frentes que incluyen demandas, testimonios policiales y recursos legales, tejiendo una compleja red en los tribunales madrileños. La detención del músico el pasado 9 de julio solo sirvió para intensificar un conflicto que, aunque venía gestándose desde hacía meses, ha estallado con fuerza tras este incidente.
En el origen de esta situación se encuentra Lesly Ochoa, una bailarina despedida del musical “Malinche” que se ha convertido en una figura prominente tras su denuncia. Cano y algunos colaboradores del musical enfrentan acusaciones de fomentar la entrada irregular de bailarines mexicanos en España, un delito severamente castigado por el Código Penal español.
La defensa de Cano argumenta que la obtención de visados de estudiante antes del viaje presentaba dificultades, lo que llevó a los jóvenes a ingresar a España como turistas y luego gestionar los permisos necesarios dentro del país. No obstante, de los 20 becados que llegaron con esta meta, solo 17 continuaron involucrados en el proyecto, destacando el caso de Ochoa, quien, tras su despido, denunció la situación ante las autoridades.
Este caso no solo pone de manifiesto las dificultades y los retos que enfrentan los artistas y productores en el cumplimiento de las leyes de inmigración, sino que también plantea importantes interrogantes acerca de las prácticas de empleo y los derechos laborales en la industria del entretenimiento. A medida que avanzan las investigaciones, las ramificaciones legales en torno a Nacho Cano y su círculo cercano parecen ampliarse, anticipando más novedades en este ya complejo caso judicial.
