Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) han decidido unirse a Castilla-La Mancha en una solicitud al Ministerio de Hacienda y Función Pública, pidiendo una propuesta formal sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Esta demanda fue destacada por el gobierno de Emiliano García-Page de Castilla-La Mancha durante la reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación, donde se pidió a la ministra María Jesús Montero que presente un esquema renovado para la asignación de fondos entre las comunidades del régimen común.
La reunión técnica de este viernes fue un hito en el debate respecto a la financiación autonómica, un asunto que ha permanecido en un estado de estancamiento durante años, a pesar del compromiso de Montero de realizar esta reforma cuando asumió su cargo. La ministra, que anteriormente fue consejera en Andalucía, había solicitado la reestructuración del sistema, pero la falta de consenso entre los principales partidos ha dificultado su implementación durante los seis años que lleva gestionando las finanzas públicas. Montero ha sostenido que cualquier cambio debe surgir de un acuerdo entre el PSOE y el PP, mientras que desde el PP se argumenta que es responsabilidad de la ministra comenzar las negociaciones.
Desde la presentación de conclusiones por un grupo de expertos hace cuatro años, el proceso ha estado paralizado. Recientemente, el Ministerio de Hacienda ha reactivado el diálogo al enviar un resumen de esas conclusiones y las propuestas regionales, preparando el camino para retomar un proceso que ha avanzado poco desde 2014. Este estancamiento ha generado desequilibrios significativos y problemas de financiación en comunidades como la Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia.
En la reunión del Comité, el Ministerio de Hacienda ha solicitado a las comunidades que envíen, en el plazo de un mes, datos sobre su recaudación real, información que será determinante para la elaboración del nuevo modelo de financiación. Castilla-La Mancha, en respuesta, ha instado a Hacienda a elaborar y presentar una «propuesta cerrada y definitiva» para el nuevo modelo dentro del mismo plazo.
Este entramado de demandas y posturas refleja la complejidad y la sensibilidad política que rodea la financiación autonómica en España. El debate implica no solo aspectos técnicos sobre la distribución de fondos, sino que también revela las tensiones existentes entre diferentes visiones políticas y territoriales acerca del apoyo financiero del Estado a las regiones. Con varias comunidades ejerciendo presión sobre el Ministerio de Hacienda, la expectativa es alta respecto a los próximos pasos y la posibilidad de alcanzar un consenso que solucione las disparidades actuales y fortalezca el sistema de financiación de manera justa y equitativa para todas las comunidades autónomas.
