El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha fallado a favor de un ciudadano que solicitó a Renfe las cifras de incidencias del servicio de Cercanías de Madrid de los últimos tres años. La compañía, que depende del Ministerio de Transportes, se había negado a facilitar esta información alegando que recogerla implicaría la elaboración de un informe específico, además de cuestionar las intenciones del solicitante. Sin embargo, el órgano responsable ha refutado estos argumentos y ha ordenado a Renfe que entregue la información solicitada.
La solicitud del ciudadano, respaldada por la Ley de Transparencia, consistía en obtener detalles sobre todas las circulaciones programadas que no se realizaron en las líneas de Cercanías Madrid durante los últimos tres años, lo que incluye trenes que fueron anunciados pero que nunca salieron de la estación. Renfe respondió que la tarea era inviable debido al alto volumen de datos, estimando en 1.286 las circulaciones diarias durante los días laborables y en 970 durante sábados y festivos en 2022. Al calcular el periodo de tres años, la empresa argumentó que habría más de un millón de circulaciones que analizar.
Además de la carga de trabajo, Renfe indicó otro motivo para su negativa: el posible daño a su reputación. La operadora advirtió que la divulgación de esas cifras, sin el contexto adecuado, podría llevar a un daño injustificado hacia la empresa y al ferrocarril como modo de transporte. También sugirió que la competencia, en el caso del autobús o el coche, no está obligada a ofrecer esa información, lo que generaría una desventaja comercial.
Sin embargo, el Consejo de Transparencia desmontó estos argumentos, afirmando que Renfe no había proporcionado una razón clara y convincente sobre la dificultad técnica de la solicitud ni sobre la necesidad de realizar un cruce de bases de datos. En cuanto al presunto daño reputacional, el consejo sentenció que la posibilidad de un efecto negativo sobre los intereses económicos y comerciales no es suficiente para justificar la negativa a aportar información que debería ser de acceso público.
Este caso no es aislado, ya que el Ministerio de Transportes ha esquivado otras solicitudes de información en el pasado, arguyendo cargas de trabajo excesivas. El servicio de Cercanías de Madrid ha enfrentado numerosas quejas por retrasos y incidencias, afectando a miles de viajeros diarios. En este contexto, el ministro Óscar Puente está supervisando la introducción de nuevos trenes de gran capacidad como respuesta al deterioro del servicio.
La resolución del Consejo es vinculante y obliga a Renfe a proporcionar la información solicitada en un plazo específico. Si la operadora no cumple, el ciudadano puede llevar el caso a la jurisdicción contencioso-administrativa. Este fallo establece un precedente en la interpretación de la Ley de Transparencia, mostrando que los argumentos de carga de trabajo excesiva o riesgos reputacionales vagos no son suficientes para rechazar solicitudes de acceso a datos públicos.
La pelota está ahora en el tejado de Renfe, que deberá decidir si entrega la información requerida o recurre a la vía judicial.
