El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha fallado a favor de un ciudadano que solicitó a Renfe las cifras de incidencias del servicio de Cercanías de Madrid de los últimos tres años. La compañía, dependiente del Ministerio de Transportes, se había negado a facilitar esa información alegando que recogerla implicaría la elaboración de un informe específico y cuestionando las intenciones del solicitante. El órgano ha rechazado ambos argumentos y ha ordenado a Renfe que entregue lo solicitado.
La solicitud, amparada por la Ley de Transparencia, pedía información sobre todas las circulaciones programadas que no se realizaron en las líneas de Cercanías Madrid en ese periodo: trenes anunciados que nunca salieron de la estación. Renfe respondió que la tarea era inviable dada la magnitud de los datos. La operadora calculó 1.286 circulaciones diarias en días laborables y 970 en sábados y festivos durante 2022, lo que arroja más de un millón de registros en tres años.
Los argumentos de Renfe, rechazados uno a uno
Además de la carga de trabajo, Renfe adujo riesgo reputacional. La operadora advirtió que publicar esas cifras sin contexto adecuado podría dañar la imagen de la empresa y del ferrocarril como modo de transporte, y añadió que sus competidores (autobús, coche privado) no están sometidos a la misma obligación de transparencia.
El Consejo rechazó ambas vías de escape. Sobre la dificultad técnica, el órgano señaló que Renfe no había aportado una razón clara sobre la necesidad de cruzar bases de datos distintas. Sobre el daño reputacional, la resolución es directa: la posibilidad de un efecto negativo sobre los intereses económicos y comerciales no basta para negar información que debe ser de acceso público.
Un precedente en la interpretación de la Ley de Transparencia
Este caso no es aislado. El Ministerio de Transportes ha esquivado otras solicitudes similares en el pasado argumentando cargas de trabajo excesivas, y el servicio de Cercanías de Madrid acumula quejas por retrasos e incidencias que afectan a miles de viajeros cada día. El ministro Óscar Puente supervisa la incorporación de nuevos trenes de gran capacidad como respuesta al deterioro del servicio.
La resolución es vinculante: Renfe debe entregar la información en el plazo fijado o el ciudadano puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. El fallo establece que los argumentos de carga de trabajo excesiva o riesgo reputacional vago no son base suficiente para rechazar solicitudes de acceso a datos públicos. Este tipo de resoluciones son seguidas de cerca en Castilla-La Mancha, región cuyas instituciones también han sido objeto de debate jurídico nacional en recientes jornadas celebradas en Alcázar de San Juan. El acceso ciudadano a la información pública, como el que reclaman los ribeños en el conflicto del Tajo, sigue siendo un tema de primer orden en la agenda regional.
Preguntas frecuentes sobre la transparencia en Renfe
¿Qué es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?
Es el organismo independiente encargado de velar por el cumplimiento de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Resuelve las reclamaciones de ciudadanos que no obtienen respuesta satisfactoria de la Administración o de entidades públicas. Sus resoluciones son vinculantes.
¿Por qué se negó Renfe a dar los datos?
Renfe argumentó que el volumen de datos (más de un millón de circulaciones en tres años) haría la tarea inviable y que su publicación sin contexto podría dañar la imagen de la empresa. El Consejo de Transparencia rechazó ambos argumentos por insuficientes.
¿Qué ocurre si Renfe no cumple la resolución?
El ciudadano puede recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa, que puede obligar a Renfe a entregar la información bajo apercibimiento judicial. La resolución del Consejo de Transparencia no es recurrible ante ese mismo organismo.
¿Qué precedente marca este fallo?
Establece que los argumentos de carga de trabajo excesiva o riesgo reputacional generico no bastan para denegar el acceso a información pública. Las entidades públicas y empresas dependientes del Estado deben acreditar una dificultad técnica concreta y verificable para que la negativa sea válida.
