La Audiencia Provincial de Cuenca se prepara para el juicio de A.T.P., quien enfrenta una severa acusación que podría culminar en una pena de 35 años de prisión. Este caso, que ha captado la atención de la opinión pública, gira en torno a los graves cargos de abuso sexual hacia su hermano menor, de diez años, y otro niño de catorce años.
De acuerdo con el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los delitos cometidos por A.T.P. ocurrieron en múltiples ocasiones entre 2020 y 2021. Durante este periodo, se señala que obligó a su hermano a realizar actos de carácter sexual, capturando esos momentos en fotografías que luego fueron recuperadas de su dispositivo móvil.
El caso presenta una complejidad adicional con la implicación de un menor de catorce años. Según se detalla, A.T.P. agredió sexualmente a este niño en su propia vivienda en una fecha indeterminada de 2020, proponiéndole mantener sexo oral. A pesar de que el menor accedió a dichas propuestas, la situación se repitió en 2021 en una casa deshabitada. Las conversaciones de contenido sexual a través de WhatsApp del 14 de julio de 2021 revelan la naturaleza perturbadora de esta relación, donde A.T.P. realizó propuestas para un encuentro sexual, llegando a solicitar una imagen de los pies del niño, quien respondió enviándole una fotografía de su pene.
Las acusaciones se enmarcan dentro de un delito continuado de agresión sexual a un menor de 16 años, tipificado en el artículo 181.1, 3 y 4.e del Código Penal, que prevé una pena de hasta 12 años de prisión. Además, se le imputan dos delitos adicionales de agresión sexual a menores, cada uno con una pena de diez años, así como un delito contra la indemnidad sexual de menores de 16 años que podría conllevar tres años más de prisión.
El Ministerio Fiscal no solo solicita la reclusión del acusado, sino también la imposición de diez años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena. Asimismo, se requiere la prohibición de contacto entre A.T.P. y las víctimas durante un periodo de 24 años, además de la inhabilitación para ocupar cualquier cargo o profesión que requiera contacto con menores. Como parte de la reparación, se pide una indemnización de 10.000 euros para los afectados.
El juicio que se desarrollará este jueves se considera una etapa crucial para lograr justicia en un caso marcado por la gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de las víctimas.
vía: Diario de Castilla-La Mancha