11 febrero, 2026
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Título: Aprobación de la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa en Castilla-La Mancha con el Apoyo de PSOE y PP

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa, con el apoyo de PSOE y Partido Popular y la oposición de Vox. El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, defendió esta norma durante su presentación, que llegó al pleno con 16 enmiendas de Vox y tres votos particulares, todos rechazados por las otras dos formaciones.

El objetivo de la ley es modernizar la administración regional, haciéndola más dinámica, digitalizada y cercana a los ciudadanos. La norma se estructura en seis títulos, 71 artículos, y varias disposiciones, organizándose en tres bloques de acción. El primer bloque aborda la simplificación de los procesos administrativos, con reducción de plazos y armonización de informes; también introduce el silencio estimatorio y las declaraciones responsables. Además, regula unidades administrativas de apoyo para asistir en momentos puntuales.

El segundo bloque se centra en la creación de entidades colaboradoras de la administración, que serán personas jurídicas autorizadas para realizar informes y certificaciones, buscando mejorar la eficiencia, pero sin ejercer autoridad. El tercer bloque regula la administración digital, utilizando herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para garantizar la seguridad jurídica tanto para empleados públicos como para ciudadanos.

Los representantes del PSOE destacaron el consenso logrado para la aprobación de la ley y criticaron la postura de Vox, cuyo diputado Luis Juan Blázquez rechazó las enmiendas, calificando el proyecto como un “maquillaje legislativo” que no aborda la burocracia y que oculta una privatización de servicios públicos. Propuso una auditoría transparente para evaluar la eficacia administrativa.

Desde el Partido Popular, el diputado Santiago Serrano reafirmó que su apoyo no será un cheque en blanco y destacó cómo se ha logrado incluir a los ayuntamientos en el ámbito de aplicación de la ley. Defendió que las entidades colaboradoras deben complementar, no reemplazar, a los empleados públicos, y aseguró que la ley ha mejorado sustancialmente durante el proceso parlamentario.

La aprobación de esta ley refleja un paso hacia una gestión pública más ágil y eficaz, a la espera de su implementación y recepción por parte de los ciudadanos y el empresariado.

vía: Diario de Castilla-La Mancha

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