En una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local de Cuenca, se ha logrado la detención de tres individuos en la ciudad de Cuenca por su presunta implicación en delitos relacionados con la explotación laboral de ciudadanos extranjeros y otros ilícitos.
La investigación comenzó a principios de año, cuando las autoridades detectaron a un ciudadano extranjero que no contaba con permiso de trabajo ni residencia en el país, conduciendo una furgoneta de una empresa constructora. A pesar de no tener licencia de conducir, este individuo actuaba como uno de los responsables de la organización, asignando tareas y transportando a los trabajadores a diferentes lugares de trabajo.
La operación abarcaba tanto la ciudad de Cuenca como varios municipios de la provincia, lo que llevó a una colaboración entre las distintas fuerzas de seguridad para profundizar en la investigación. Se descubrió que la pareja del principal sospechoso era la responsable legal de la empresa, la cual realizaba actividades significativas en el sector de la construcción.
Durante las inspecciones, se constató que la empresa empleaba a cuatro trabajadores extranjeros que carecían de los permisos de residencia y trabajo correspondientes, siendo privados de los derechos que les garantiza la ley. Además, otro trabajador, que no tenía los permisos necesarios, utilizaba la documentación de un ciudadano español para evitar inspecciones laborales.
Tras recolectar pruebas suficientes, se procedió a la detención de dos hombres de 27 y 20 años, y una mujer de 26 años, por delitos relacionados con los derechos de los ciudadanos extranjeros, derechos de los trabajadores, usurpación de estado civil y seguridad vial. Las acciones llevadas a cabo han sido remitidas a la autoridad judicial competente para continuar con las investigaciones y procesos legales correspondientes.
Este caso pone de manifiesto la importancia de combatir la explotación laboral y garantizar el respeto de los derechos laborales y de los ciudadanos extranjeros en cualquier ámbito de trabajo. La lucha contra este tipo de delitos requiere de la colaboración entre las autoridades y la sociedad en su conjunto para erradicar cualquier forma de abuso y discriminación en el ámbito laboral.
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