El pasado martes, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, compartió la noticia de la aprobación del nuevo pliego de condiciones para el servicio de transporte sanitario terrestre en la región. Sin embargo, esta decisión ha generado un clima de preocupación entre los representantes de UGT Servicios Públicos, quienes argumentan que la asignación presupuestaria del nuevo contrato es insuficiente para abordar las mejoras necesarias en las condiciones laborales de los aproximadamente 2.500 trabajadores del sector.
Según la información proporcionada por UGT, el presupuesto del nuevo pliego asciende a 108.100.000 euros, lo que representa un incremento de 1.500.000 euros respecto al actual presupuesto de 106.628.380 euros. No obstante, el sindicato considera que este aumento es «a todas luces, insuficiente», ya que no solo se omiten inversiones esenciales en ambulancias y equipamiento, sino que también se prevé que las condiciones laborales de los profesionales permanezcan prácticamente sin cambios, a pesar de que su convenio colectivo está caducado desde febrero de 2023.
Fernando Peiró, responsable de Sanidad de UGT en Castilla-La Mancha, enfatizó la gravedad de la situación, advirtiendo que las oportunidades de mejora para los trabajadores se verán congeladas durante los próximos cinco años. «El último convenio que firmamos, en 2016, solo recuperó algunos derechos perdidos tras la crisis de 2011. Hablamos de salarios estancados desde hace 13 años y de condiciones laborales que no han mejorado desde entonces», afirmó Peiró.
El responsable sindical también subrayó que el nuevo pliego no contempla el número requerido de vehículos para asegurar un servicio de calidad, poniendo en entredicho la posibilidad de incluir mejoras en los equipos asistenciales. En este sentido, advirtió que, de continuar esta situación, se podrían generar problemas significativos tanto en la prestación del servicio como en la calidad de la atención recibida por los pacientes.
Peiró recordó que en el anterior pliego, publicado en 2016, aunque se prometió un aumento presupuestario, la cantidad finalmente asignada fue inferior al coste real del servicio, lo que suscitó movilizaciones entre el personal, logrando el apoyo de la población. Esta presión llevó al consejero a comprometerse a destinar el resto del dinero al servicio durante su intervención en las Cortes regionales.
La tensión entre el sindicato y la administración se mantiene y plantea desafíos significativos para el futuro del transporte sanitario en Castilla-La Mancha. La comunidad espera que se pueda encontrar una solución que garantice tanto la calidad del servicio como el bienestar de los trabajadores involucrados.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
