El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha lanzado un llamado a España para que respete los tratados internacionales y la Carta Social Europea en relación con la normativa de despidos del país. En una conferencia de prensa llevada a cabo en Toledo junto a Francisco Javier González, representante de UGT Castilla-La Mancha, Luján explicó la importancia de adaptar la legislación española a lo establecido por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS).
Según indicó la central sindical a través de un comunicado de prensa, la resolución del CEDS subraya la necesidad de compensar las pérdidas económicas sufridas por los trabajadores desde el momento del despido hasta que se determine la legalidad del mismo. Para Luján, esto debería traducirse en la reinstauración de los salarios de tramitación, una figura que actualmente no existe en la normativa española.
Además, el vicesecretario resaltó otra exigencia del CEDS en relación con la readmisión laboral. En los casos en los que no sea factible restablecer un contrato terminado injustamente, se debe establecer una indemnización lo suficientemente cuantiosa como para disuadir a los empleadores de finalizar contratos de forma arbitraria y compensar adecuadamente a los trabajadores afectados.
Luján hizo hincapié en la necesidad de que el Gobierno convoque a la mesa del Diálogo Social para llevar a cabo los ajustes legislativos necesarios, mencionando que la vicepresidenta segunda tiene la intención de convocarla con ese propósito.
Con respecto al fallo del Comité Europeo, este ha dado la razón a UGT y ha condenado a España por no proporcionar una compensación adecuada en casos de despidos injustificados. El Comité ha afirmado que la legislación actual en España no garantiza una reparación suficiente ni actúa como un elemento disuasorio para los empresarios, incumpliendo el Artículo 24 de la Carta Social Europea, que protege el derecho a una protección adecuada en situaciones de despido.
Como resultado de esta situación, España ha sido condenada por violar un Tratado Internacional del Consejo de Europa, y Luján ha afirmado que la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores emprenderá acciones legales contra cualquier empresa que lleve a cabo despidos injustos y económicos si el Gobierno no cumple con sus obligaciones nacionales e internacionales.
En conclusión, es imperativo que España tome medidas para garantizar la protección de los trabajadores en caso de despidos injustificados, respetando así los acuerdos internacionales y la legislación europea. La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores seguirá luchando por los derechos de los trabajadores y velando por el cumplimiento de las normativas vigentes en materia laboral.
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