La Unión Europea ha tomado importantes medidas para regular el uso del efectivo, con el objetivo de combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. A partir de 2027, se establecerá un límite de 10.000 euros para los pagos en efectivo en todos los países miembros, aunque estos tendrán la opción de fijar límites más bajos, adaptándose así a sus propias normativas y necesidades.
En la actualidad, las políticas sobre el uso del efectivo difieren notablemente entre los 27 Estados miembros de la Unión. Por ejemplo, España y Francia tienen un límite de 1.000 euros, mientras que Polonia permite pagos en efectivo de hasta 15.000 euros, y países como Alemania, Austria e Irlanda carecen de un límite específico. Esta diversidad ha facilitado la proliferación de actividades fraudulentas, dado que los delincuentes pueden moverse con mayor libertad entre jurisdicciones con normativas menos restrictivas.
La nueva norma, presentada por el Centro Europeo del Consumidor, busca cerrar esta brecha y crear un marco más homogéneo que dificulte las grandes transacciones de efectivo a menudo relacionadas con delitos financieros. A pesar de la introducción de este límite común, países como España, con límites más restrictivos, podrán mantener o incluso disminuir su tope actual si lo consideran necesario.
En el caso de España, donde la regulación ya es bastante estricta, es poco probable que el país eleve su límite de 1.000 euros. De hecho, España es uno de los países europeos con mayor control sobre las transacciones en efectivo, requiriendo la declaración de sumas superiores a 10.000 euros al viajar y vigilando transacciones sospechosas por encima de los 3.000 euros.
La medida no ha sido bien recibida por todos los países. Alemania, Países Bajos y Austria han expresado su desacuerdo, argumentando que podría suponer una violación de la privacidad financiera de los ciudadanos. Asimismo, Polonia, que actualmente permite pagos hasta 15.000 euros, se verá obligada a ajustar sus normativas para cumplir con el nuevo límite.
Además del límite de pago, la regulación incluye otras restricciones para el manejo del efectivo, como la obligación de declarar cantidades superiores a 10.000 euros en caso de viajar y la obligación de las entidades bancarias de notificar transacciones que superen los 3.000 euros sin un justificante claro. Estas medidas buscan una mayor trazabilidad de los fondos y la prevención de actividades ilícitas.
La creciente digitalización de la economía y la búsqueda de sistemas financieros más seguros y transparentes son tendencias globales que la Unión Europea está abrazando. Aunque la nueva normativa no se implementará hasta dentro de unos años, representa un paso significativo hacia la unificación de las reglas entre los Estados miembros y el fortalecimiento de la lucha contra el fraude. Así, la Unión Europea se posiciona en la vanguardia de un futuro donde el manejo del efectivo será mucho más controlado, adaptándose a un mundo cada vez más digitalizado.
