El diputado de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha levantado una fuerte crítica hacia el PSOE y el PP por lo que considera una «tropelía» en la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la región. Según Sánchez, esta reforma, que contempla el incremento del número de diputados en la cámara, tiene como único objetivo satisfacer intereses particulares de ambos partidos.
Durante una conferencia de prensa en el parlamento regional, el portavoz de Vox expresó su descontento al no haber sido incluida su formación en las discusiones sobre la reforma del Estatuto. Vox, como partido con representación parlamentaria en la comunidad, afirma estar siendo vetado en el proceso negociador.
Sánchez arremetió contra el Ejecutivo de Emiliano García-Page, acusándolo de falta de transparencia al no abrir la negociación del Estatuto a la participación y escrutinio público, a pesar de afirmar ser un gobierno abierto. «No estamos viendo ningún tipo de transparencia», reiteró, señalando la falta de información sobre el proceso de reforma que solo ha llegado a través de los medios de comunicación.
El vocero de Vox hizo hincapié en que el Gobierno, junto con el PP, está actuando de manera «autoritaria» al limitar las conversaciones a solo dos formaciones políticas, excluyendo la perspectiva de la tercera fuerza del Parlamento de Castilla-La Mancha. A su parecer, la reforma busca claramente «llenar sus bolsillos» mediante el aumento de diputados en la Cámara, que pasarían de 33 a 59.
Iván Sánchez anunció que su partido no presentará propuestas ni participará en la reforma al sentirse excluido de las negociaciones, que perciben como un acuerdo previamente establecido entre el PSOE y el PP. «Es un pacto que ya tienen cerrado», sentenció el parlamentario de Vox.
La denuncia de Vox respecto a la reforma del Estatuto de Autonomía ha generado un fuerte debate en la región, con críticas hacia el proceso llevado a cabo por los partidos mayoritarios. La falta de inclusión de todas las fuerzas políticas en las discusiones ha levantado dudas sobre la transparencia y legitimidad del proceso. La sociedad castellano-manchega observa con atención cómo se desarrollará esta polémica reforma y sus posibles repercusiones en la representación y gobernabilidad de la región.
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