Toledo, 22 de junio de 2017.- El Gobierno de Castilla-La Mancha abona las facturas a sus proveedores nueve días antes que la media de las comunidades autónomas, reduciendo dos semanas el periodo medio de pago respecto a hace dos años. 
 
Los datos del periodo medio de pago a proveedores del conjunto de regiones españolas correspondientes al mes de abril han sido publicados hoy por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y constatan que en el caso de Castilla-La Mancha fue de 15,63 días.
 
Una cifra que supone que el Gobierno de Emiliano García-Page paga a los proveedores nueve días antes que el resto de comunidades autónomas, ya que el periodo medio de pago a nivel nacional es de 24,09 días.
 
Igualmente, las cifras oficiales del Ministerio de Hacienda y Función Pública ponen de manifiesto que de abril de 2015 al mismo mes de este año el Ejecutivo castellano-manchego ha conseguido reducir en dos semanas el periodo medio de pago a los proveedores de la Administración regional, al pasar de 29,41 días a 15,63.
 
Castilla-La Mancha continúa durante el ejercicio 2017 con datos muy positivos en relación al periodo medio de pago a proveedores tras concluir el año 2016 abonando las facturas a los proveedores en prácticamente la mitad de tiempo que el conjunto de comunidades autónomas, ya que mientras que el periodo medio de pago en Castilla-La Mancha fue el año pasado de media de 22,18 días, el del resto de regiones ascendió a 40,71 días.
 
Por su parte, en los primeros cuatro meses de 2017 el Gobierno regional ha abonado las facturas a proveedores como máximo en 16 días, obteniendo incluso en enero el mejor dato de la región desde septiembre de 2014 que hay registro, con un periodo medio de pago a proveedores de 11,63 días.
 
De esta forma Castilla-La Mancha cumple con el plazo legal de pago a proveedores, establecido para las administraciones públicas en 30 días.
 
El Ejecutivo de García-Page ha conseguido esta reducción del periodo medio de pago a proveedores contando exactamente con los mismos instrumentos y condiciones que había hace dos años y, además, respetando todos los objetivos la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y cumpliendo por primera vez en el ejercicio de 2016 el objetivo de déficit, el de deuda pública y la regla de gasto.

Toledo, 22 de junio de 2017.- El Gobierno de Castilla-La Mancha abrirá todos los recursos de servicios sociales cerrados durante los cuatro años de Gobierno del Partido Popular “en la medida que lo permita el Presupuesto”. Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en una respuesta oral en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha.
 
La consejera ha explicado que hay una contradicción en la sugerencia del Grupo Popular de que el Hospitalito se abriese dentro del Acuerdo Marco, porque “en ese caso se trataría de que lo gestionase una entidad y se pudieran concertar plazas, sería un modelo”, a lo que ha añadido, “pero ustedes –al Grupo Popular- votaron con Podemos una enmienda para que fuera totalmente público”.
 
“No hay nadie más interesado que este Gobierno en que se pueda abrir el Hospitalito del Rey y en que en Toledo se pueda conseguir el máximo de plazas”, ha asegurado la consejera, que ha aclarado que en la anterior Legislatura las residencias perdieron ocupabilidad. En este sentido, ha recalcado que “durante los cuatro años de Gobierno del Partido Popular no se hacían sustituciones, por eso se reducía la ocupabilidad, para que no protestaran los trabajadores”.
 
Logros del Acuerdo Marco
 
La consejera ha precisado que gracias al Acuerdo Marco se han incorporado 15 nuevos centros residenciales con plazas permanentes concertadas y 52 con estancias temporales, al tiempo que hay 2.500 personas más en plaza pública o con prestación vinculada a servicio. “Había muchas plazas y falta de ocupabilidad en Toledo. En este momento se están ocupando las plazas porque el Sistema de la Dependencia funciona”, ha asegurado Aurelia Sánchez.
 
La consejera se ha mostrado abierta a recibir propuestas pero se ha preguntado si realmente el Grupo Popular quiere “que se abra el Hospitalito o preferirían mantener esta polémica”, porque “cuando se hacen propuestas inviables, la apertura de este centro es totalmente imposible”, ha concluido.

Toledo, 22 de junio de 2017.- El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha resaltado hoy que el Gobierno de Emiliano García-Page ha compatibilizado la recuperación de derechos de los empleados públicos, tanto los de carácter económico como los de carácter social, con la recuperación económica y social de aquellos que peor lo pasaron en los años de crisis económica y, todo ello, manteniendo el equilibrio de las cuentas públicas.
 
Ruiz Molina así lo ha resaltado durante una intervención en el pleno de las Cortes regionales, en el que ha manifestado que del balance de la gestión del Ejecutivo de García-Page en materia de empleo público se puede afirmar que el resultado es de un “aprobado con muy buena nota”.
 
En este sentido, Ruiz Molina ha explicado que el trabajo del Gobierno regional en estos dos años se salda con más de una treintena de medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos de la Administración autonómica, lo que se ha hecho, además, cumpliendo por primera vez en el ejercicio de 2016 con el objetivo de déficit, el de deuda pública y con la regla de gasto y con la primera prioridad que tiene el Gobierno regional que es la lucha contra el desempleo.  
 
El Ejecutivo castellano-manchego ha impulsado esa recuperación de los derechos de los empleados públicos, además de por mejorar sus propias condiciones retributivas y laborales, porque son fundamentales para recuperar la calidad de los servicios públicos que la Administración regional presta a la ciudadanía.
 
Esta recuperación ha sido posible, en primer lugar, por el restablecimiento del diálogo social, para lo que ha habido que recomponer los puentes de comunicación con los sindicatos rotos en la anterior legislatura y que ha supuesto que hasta la fecha la Dirección General de Función Pública haya mantenido 75 reuniones con los sindicatos.
 
Fruto de ese diálogo resultan las más de treinta medidas que se han llevado a cabo hasta la fecha y entre las que destacan, la readmisión de 189 interinos despedidos ilegalmente por el anterior Ejecutivo regional o la restitución de las 35 horas semanales a los empleados públicos, que posteriormente anuló el Tribunal Constitucional tras un recurso del Gobierno del PP.
 
También se alcanzó un acuerdo el pasado año en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos para la recuperación de los derechos laborales y retributivos de los empleados públicos, que permitió la devolución íntegra de la paga extraordinaria suprimida en la anterior legislatura, la fijación de un calendario de recuperación de la disminución del 3 por ciento salarial y la recuperación del permiso por incapacidad temporal y de los días por antigüedad.
 
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas también ha resaltado la aprobación de dos ofertas de empleo con 2.244 plazas, de las que 750 corresponden a educación, 274 a Administración General, 190 a personal laboral y 1.030 a personal estatutario.
 
Además, el presidente de Castilla-La Mancha fue el que encabezó la propuesta a nivel nacional para eliminar la tasa de reposición en los servicios públicos esenciales.
 
Ruiz Molina también se ha referido al incremento de la plantilla de empleados públicos en 2.176 efectivos desde junio de 2015 y a la convocatoria y resolución de dos concursos de traslados de funcionarios de la Administración General con un total de 926 plazas.
 
Sobre los concursos de traslados, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha adelanto que el próximo lunes, 26 de junio, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica un tercer concurso de traslados, con 1.250 plazas vacantes. Por tanto, más de 2.100 plazas a concurso en dos años de legislatura para facilitar la promoción profesional de los funcionarios y la conciliación de la vida personal y laboral.
 
Entre las medidas aprobadas en materia de función pública, Ruiz Molina también ha mencionado el incremento del 1 por ciento de las retribuciones de los empleados públicos en 2016, la ampliación del contrato de los interinos desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio, la reducción de las ratios de educación, el aumento de la plantilla de educación en 814 profesores y la estabilización de 1. 1.525 profesionales sanitarios que han pasado de tener nombramientos precarios renovados mensualmente a nombramientos de interinidad o de sustitución de larga duración.
 
Así, también se ha referido a la creación de 1.042 nuevas plazas sanitarias, la recuperación progresiva de la totalidad de la plantilla del servicio de prevención de riesgos laborales de los empleados públicos, la reincorporación de 120 orientadores laborales despedidos por el anterior Gobierno regional y a las negociaciones muy avanzadas del nuevo Convenio Colectivo de la Junta para el personal laboral, que afecta a 7.000 trabajadores.
 
Además de las medidas ya tomadas, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado asimismo algunos de los avances en esta materia que se incluían en los presupuestos de 2017, como la recuperación del primer 1,5 por ciento de la llamada ‘tasa Cospedal’, la aprobación de nuevas ofertas de empleo público más numerosas, el incremento del número de docentes en 415 profesores o la contratación de más personal sanitario para el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
 
Y, a pesar de contar con los presupuestos prorrogados de 2016, Ruiz Molina ha subrayado que el Gobierno regional sigue trabajando con los representantes de los empleados públicos y en este momento se está negociando la revisión del Plan de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, la actualización del Plan de Igualdad de 2011, la elaboración del Plan Director de Riesgos Laborales y la aprobación de una orden para la recuperación del programa de acción social.
 
En el ámbito docente se va a desarrollar un plan de atención a la diversidad, se va a potenciar el plan de formación de profesorado y se va a elaborar un estudio sobre compatibilidades en el sector docente. Por su parte, en el área sanitaria se va negociar la movilidad interna en el ámbito de la atención primaria, la gerencia de urgencias, emergencias y transporte sanitario, se va a promover el desarrollo de especialidades de enfermería y se van a crear nuevas categorías sanitarias, como técnicos de farmacia o técnicos de documentación clínica.
 
Por último, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas se ha referido al proceso de recuperación de derechos y mejoras de las condiciones laborales de los empleados públicos durante los ejercicios 2018 y 2019, indicando que en esos dos años está previsto la recuperación del 3,5 por ciento salarial,  la aprobación de nuevas ofertas de empleo público, la contratación de más personal docente y sanitario y seguir reduciendo ratios, entre otros avances. 

Toledo, 22 de junio de 2017.- Un total de 1.872 personas se han presentado hoy a las pruebas de competencia clave para conseguir sus respectivos certificados de profesionalidad. Los exámenes se han celebrado en las localidades  de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Talavera de la Reina y Ugena (Toledo).
 
Las competencias clave permiten al alumnado adquirir conocimientos básicos para poder cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al Certificado de Profesionalidad. Las personas que no tenían alguna de las titulaciones o certificaciones y querían acceder a la formación de los módulos formativos de un Certificado de Profesionalidad se han presentado a las pruebas de competencia matemática y de comunicación en lengua castellana en los niveles que les ha correspondido.
 
Han tenido opción a presentarse todos los residentes en Castilla-La Mancha, personas trabajadoras desempleadas inscritas en una Oficina de Empleo de Castilla-La Mancha y personas trabajadoras ocupadas con su domicilio o su puesto de trabajo en Castilla-La Mancha, siempre que no posean alguna de las titulaciones o certificaciones exigidas para acceder a la formación de los módulos formativos de un Certificado de Profesionalidad de nivel 2 o de nivel 3.
 
Las competencias clave permitirán al alumnado adquirir conocimientos básicos para poder cursar la formación correspondiente a los Certificados de Profesionalidad e iniciar así itinerarios formativos que mejoren su cualificación. El objetivo del Ejecutivo de Emiliano García-Page con actuaciones de este tipo es facilitar formación para que la carencia de ésta no sea una barrera para acceder al empleo.
 
Se puede obtener más información en el enlace web https://e-empleo.jccm.es/OVI/

Toledo, 22 de junio de 2017.- La consejera de Fomento, Agustina García, ha anunciado que próximamente se sacará una nueva convocatoria de las ayudas de rehabilitación edificatoria recalcando que desde el Gobierno regional “se ha hecho un gran esfuerzo para hacerlo con fondos propios porque todavía no están aprobados los presupuestos, pero es una iniciativa que no puede esperar más”, ha precisado.
 
Así lo ha manifestado en la apertura del Pleno de consejeros del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) que se ha celebrado en la sede de la Demarcación Provincial de Toledo del Colegio de Arquitectos. Allí ha estado acompañada por el director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo; el presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Jordi Ludevid i Anglada; o el decano del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Eusebio García Coronado.
 
De la misma forma, la consejera ha insistido en que se seguirá instando al Gobierno nacional a que firmen la prórroga del Plan Estatal de Vivienda para este año, ya que en cuanto a los trámites “retrasa mucho en plazos y en tiempo”.
 
La consejera ha agradecido la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha en asuntos como el jurado de la convocatoria de las Actuaciones de Regeneración Urbanas Integrales (ARUIs), el proyecto de Ley de Vivienda o el proyecto de Ley de Urbanismo, en la elaboración de las alegaciones al proyecto del Plan de Vivienda 2018-2021 que se han presentado al Ministerio o la participaciones en las Comisiones Regionales y Provinciales de Vivienda y Urbanismo.
 
La consejera ha señalado que “el Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene unas excelentes relaciones con nuestros Colegios de Arquitectos y así tuvo oportunidad de constatarlo el propio decano del Colegio regional en su reciente entrevista con el presidente García-Page”.
 
García ha añadido que desde la Consejería de Fomento del Ejecutivo regional “somos sensibles con vuestros problemas e inquietudes, conscientes de que, como muchos otros colectivos, todavía estáis viviendo situaciones complejas acarreadas por la crisis económica”, aunque ha lanzado un mensaje de optimismo recordando que “es necesaria la colaboración y cooperación de todas las partes para continuar en la senda de la recuperación”.
 
Por eso, ha expresado que “este Gobierno considera que la arquitectura debe ser más humana y funcional, pensando más en las personas que en las obras faraónicas”, al tiempo que ha continuado mostrando su apoyo a “un sector básico para la creación de riqueza y empleo, como es la construcción”. En estos términos, ha subrayado que “por nuestra parte, desde luego, no va a quedar porque siempre estaremos dispuestos a poner en marcha iniciativas de apoyo y a escuchar las propuestas que se nos hagan desde los Colegios profesionales y a recoger y tomar nota de sus reivindicaciones”.
 
Por su parte, Ludevid i Anglada ha abogado por la defensa de “concursos públicos de arquitectura dignos y transparentes, basados en la calidad y no en el precio”, un empeño que seguirán haciendo llegar al Congreso de los Diputados a través de enmiendas.
 
El presidente del CSCAE también ha hablado de la ligera recuperación del sector de la construcción, teniendo en cuenta que “se cayó del 100 al 10 y ahora estamos en el 12”, ha expresado; al mismo tiempo que ha dicho que en su apuesta por la calidad “si la habitabilidad es el problema, la arquitectura es la solución”.
 
El arquitecto ha añadido que “no estamos hablando de una cosa superflua, sino de regeneración urbana y de habitabilidad para las personas”, del mismo modo que ha trasladado que “la cultura arquitectónica española es reconocida en todo el mundo, aunque aquí está algo desprotegida, pero pelearemos por la ley que tanto necesitamos”.
 
7.000 viviendas beneficiadas de las ayudas a la rehabilitación edificatoria por valor de 11 millones de euros
 
Agustina García ha puesto como ejemplo de la apuesta del Gobierno de Emiliano García-Page las ayudas a la rehabilitación edificatoria que han beneficiado a más de 7.000 viviendas por un importe superior a los 11 millones de euros en la convocatoria de 2015 y que se ha venido desarrollando durante todo el año 2016.
 
Esta línea de acción se perseguirá en 2017 mediante la puesta en marcha de una nueva convocatoria de ayudas en el marco de la prórroga del Plan de Vivienda establecida para el presente año, una intención que “será imposible si no son aprobadas las cuentas para este curso político”.
 
Decretos de Sequía también para el Tajo y el Guadiana
 
La consejera de Fomento también ha informado que pedirán decretos de sequía para el Tajo y el Guadiana, de la misma forma que se están aprobando para las cuencas de otros ríos de ésta y otras regiones de España. García ha recordado que después de negarse este plan al Guadiana desde el Gobierno nacional, “lo hemos vuelto a pedir ante un verano en el que muchos agricultores pueden pasarlo mal para regar y mantener sus cultivos”.
 
La consejera ha recordado que “en los meses que hay por delante no perdemos nunca la esperanza ni la lucha, por lo que desde el Gobierno regional vamos a seguir exigiendo igualdad de condiciones a la hora del reparto del agua y de garantizar este recurso para todos los ciudadanos, así como que vengan los decretos de sequía para el Tajo y el Guadiana”.
 
Agustina García ha matizado que “esto no es capricho del Gobierno de Emiliano García-Page, sino las peticiones de agricultores, ganaderos y ciudadanos en general a las que damos voz y elevamos”.
 
 

Murcia, 22  de junio de 2017.- El Gobierno regional ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que “no establezca una línea roja entre Castilla-La Mancha y Murcia porque ambas Comunidades Autónomas sufren la sequía por igual”.
 
Así lo ha trasladado el director general de Desarrollo Rural del Ejecutivo castellano-manchego, Francisco Javier Carmona García, durante la reunión de la Junta de Gobierno de la CHS, celebrada hoy en Murcia, en la que se ha prorrogado el Real Decreto de Sequía de la cuenca del Segura (356/2015).
 
Desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades se ha pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) que haya “mayor interlocución con Castilla-La Mancha”, y ha recordado que la provincia de Albacete representa el 25 por ciento de la superficie de la cuenca hidrográfica del Segura, y sin embargo, en el órgano de gobierno y planificación del CHS, sólo hay dos vocales del Gobierno regional de 31 representantes institucionales.
 
Francisco Javier Carmona García ha insistido en que “Castilla-La Mancha debe tener un mayor peso en la toma de decisiones y planificación hidrológica del Segura”, y ha remarcado que el Gobierno castellano-manchego “defiende sus intereses y derechos en materia de agua, tendiendo la mano, pero con una voz alta y firme”, en alusión a las reivindicaciones que el presidente de la Comunidad Autónoma, Emiliano García-Page viene efectuando con la “injusticia del trasvase Tajo-Segura”, y a su última petición de llegar a un acuerdo con Murcia y Valencia.
 
El director general de Desarrollo Rural también ha subrayado la necesidad que existe de que se desarrollen obras destinadas a los regantes y a la agricultura albaceteña en la cuenca alta del Segura, y que al amparo del Decreto de Sequía, “no sólo se permitan infraestructuras aguas abajo”.
 
“El agua que genera y atraviesa Castilla-La Mancha tiene que servir para generar riqueza y que nuestros agricultores puedan tener un futuro sostenible”, ha aseverado Carmona, que ha reiterado el trabajo que realiza el Gobierno regional en defensa de los regadíos sociales.
 
Obras hidrográficas necesarias y una oficina de la CHS en el sureste de Albacete
 
Desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural se ha criticado que el Decreto de Sequía permita “obras de emergencia” en Murcia, “cuando existe una continuidad en las condiciones climatológicas en Castilla-La Mancha”, y han insistido en reclamar estas infraestructuras en el sureste de la provincia de Albacete.
 
Carmona ha recordado que el consejero de Agricultura del Ejecutivo castellano-manchego se reunió el pasado mes de diciembre con la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Isabel García-Tejerina, para reivindicar concesiones de agua en El Canal de Albacete, y acceso para regantes a través de las filtraciones del túnel del Talave.
 
“Llevamos mucho años esperando una compensación y es emergente obras para regantes en el sureste”, ha recordado el director general, que pide “una posibilidad de desarrollo para estos regantes y estas sociedades agrarias de transformación que son eficientes en el uso del agua”.
 
Por último, desde el Gobierno se ha instado a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), en la necesidad de abrir una oficina en la comarca de Hellín para “acercar la Administración a los regantes sin tener que desplazarse a Murcia y que sientan que CHS también es suya”.
 
Carmona ha recordado que la Confederación Hidrográfica del Júcar tiene dos oficinas, una en Valencia y otra en Albacete; y la Confederación Hidrográfica del Guadiana; una en Badajoz y otra en Ciudad Real.
 
 

Toledo, 22 de junio de 2017.- El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo ha vuelto a reclamar la inclusión de la cuenca del Guadiana en el Real Decreto de Sequía, previsto por el Ejecutivo central y convalidado hoy en el Congreso de los Diputados. Además, ha reivindicado que de los 30 millones de euros disponibles para inversiones en infraestructuras para luchar contra la sequía  en el Júcar y el Segura, se beneficie con parte de esos fondos a Castilla-La Mancha, “en función del porcentaje que representa en cada una de las cuencas”, el 75 por ciento de la cuenca del Júcar (en Cuenca y Albacete) y el 25 por ciento del Segura (en Albacete).
 
En la cuenca del Guadiana, ha lamentado que “la situación de los niveles piezométricos de los acuíferos 23 y 24, las altas temperaturas y la previsión de nulas precipitaciones en los últimos meses”, evidencian que están en riesgo, entre otras, producciones hortícolas, como el melón y la sandía, “cultivos de carácter social que contribuyen de forma muy importante a la renta de los agricultores de La Mancha”. Martínez Arroyo ha señalado que “los acuíferos están en niveles muy bajos, han disminuido en más de dos metros y medio en las masas de agua más importantes de la cuenca” y, evidentemente, “desde nuestro punto de vista se entiende que tenemos que estar incluidos en ese Decreto Ley de Sequía”, ha reiterado.
 
En este sentido, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha mostrado su preocupación por la situación de sequía que atraviesan los cultivos en la cuenca alta del río Guadiana, “por una problemática que tenemos y que el propio comisario de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), dependiente del Gobierno central, ha reconocido”. Y ha recordado las palabras del comisario en las que advertía “que va a haber muchos recortes en el uso del agua durante este verano y que hay que garantizar el suministro de agua potable para los próximos años”. Por esta razón ha instado a que se adopten medidas cuanto antes porque “la situación es muy delicada” y, a juicio del consejero, se hace necesario que se incluya a la región “para que los habitantes tengan garantizado el suministro de agua tanto para uso de boca como para riego”.
 
 
Agua para todos y “con todos”
 
Respecto a las medidas previstas por parte del Consejo de Ministros para paliar la sequía en el Júcar, Segura y Duero, Martínez Arroyo ha señalado la necesidad de que en la política de planificación hidráulica se cuente con las comunidades autónomas, para que “cada vez que se tome una decisión que afecte a Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha esté presente en los foros de decisión”. Y, sobre todo, que se planifique con tiempo suficiente porque el problema es estructural y no coyuntural.
 
En este punto, ha insistido en la demanda del Gobierno de Castilla-La Mancha “para que se consideren los intereses de los ciudadanos de la región” en los Planes de Sequía de las cuencas del Júcar y el Segura. “Hay 30 millones de euros disponibles para inversiones en infraestructuras para luchar contra la sequía  y, evidentemente, Castilla-La Mancha tiene que ser beneficiaria de parte de esos fondos en función del porcentaje que representa en cada una de las cuencas”, ha reiterado.
 
Contundencia contra el fracking
 
En otro orden de cosas, respecto al otro de los asuntos llevados hoy al Congreso de los Diputados en la relación a la política antifracking y al grupo de trabajo creado para dirimir posibles discrepancias entre administraciones, el consejero de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha se ha mostrado rotundo. “Quiero garantizar, con total claridad y contundencia, a los ciudadanos de la región, a todos pero, particularmente, a aquellos que con su esfuerzo consiguieron que en estas Cortes regionales se aprobara esta Ley, que el Gobierno regional va a seguir firme en su compromiso para que en Castilla-La Mancha no haya proyectos de fracking en ningún territorio de la Comunidad Autónoma”.
 
Con estas palabras, en nombre del Gobierno regional, Martínez Arroyo ha querido enviar un mensaje de tranquilidad y reforzar la apuesta del Gobierno regional en su Ley Antifracking, “nuestro modelo es de energía renovable y sostenible”, ha concluido en atención a medios de comunicación, minutos antes de intervenir en las Cortes de Castilla-La Mancha.