En la tarde del martes, 13 de noviembre, se reunió en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan la Mesa del Agua para valorar la situación en la que se encuentra el proceso de remunicipalización tras la admisión, por parte del Tribunal Supremo, del recurso presentado por FCC Aqualia a la sentencia del TSJ de Castilla La Mancha que hubiera permitido iniciar el expediente de disolución de la actual empresa mixta. Para dar cuenta a vecinas y vecinos de esta decisión y resolver sus dudas, la mesa contó con la presencia del abogado que asiste al Ayuntamiento en los temas judiciales relacionados con Aguas de Alcázar. «Desde el equipo de Gobierno seguiremos trabajando para conseguir revertir la venta de Aguas y salir de la esquizofrenia que estamos viviendo por una decisión política que tomó in extremis el anterior Gobierno del PP», dijo la alcaldesa de Alcázar, Rosa Melchor.

La Mesa del Agua volvió a reunirse este martes, 13 de noviembre, para valorar la situación en la que se encuentra el proceso de remunicipalización de la actual empresa Aguas de Alcázar, tras la admisión por parte del Tribunal Supremo del recurso de FCC Aqualia contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha que anulaba la adjudicación de la gestión del servicio de Aguas a la empresa mixta.

El Supremo ha decidido estudiar el recurso de casación presentado por FCC Aqualia, al entender que no hay jurisprudencia relacionada con la modificación de la Ley de Bases del Régimen Local, que exige una mayoría absoluta en el Pleno para introducir de urgencia en el orden del día un asunto tan relevante como la adjudicación de la gestión de un servicio público. El abogado del Ayuntamiento explicó que Aqualia ha presentado «un buen recurso» y «ha sembrado la duda», por lo que el Supremo ha entendido que tiene «interés casacional» (posibilidad de ser estudiado). «El Supremo ha dicho que lo verá, no que tenga razón Aqualia».

No obstante, el que el Supremo haya admitido el recurso de casación, impide que se pueda hacer firme la sentencia del TSJ e iniciar el expediente de liquidación de la empresa mixta, como así estaba previsto. «Para nosotros ha sido un jarro de agua fría», insistió la alcaldesa de Alcázar, Rosa Melchor, que aseguró que desde el equipo de Gobierno Municipal «estábamos esperanzados en que el Supremo no admitiría el recurso de Aqualia, como así nos lo habían transmitido abogados y juristas. La realidad ha sido otra y nos encontramos en un punto distinto al deseado. Tampoco nos extraña porque esta decisión llega cuando el Supremo ha defraudado a la ciudadanía de todo el país con la famosa sentencia de las hipotecas. En cualquier caso, no vamos a bajar los brazos. Sabíamos que el proceso era difícil, pero no imposible. Igual que hemos sido capaces de recuperar otros asuntos que el PP destruyó, seguiremos con la misma insistencia buscando soluciones para revertir el proceso y que Aguas de Alcázar vuelva a ser de alcazareñas y alcazareños, con una gestión pública al cien por cien».

La alcaldesa recordó que el PSOE ha estado siempre luchando por el agua pública, primero en la oposición para evitar la venta, y ahora desde el Gobierno Municipal. «Llevamos más de cuatro años luchando y es triste ver que los autores materiales de la decisión política, tomada in extremis al final de la pasada legislatura para resolver los problemas económicos del Ayuntamiento, ahora siguen viviendo tranquilamente después de ocasionar este perjuicio enorme a la ciudad».

Con la admisión del recurso de FCC Aqualia por parte del Supremo, además de paralizarse la ejecución de la sentencia del TSJ -que hubiera sido una vía directa para conseguir la remunicipalización de Aguas de Alcázar- la empresa privada ha solicitado la paralización cautelar de los otros dos procedimientos abiertos. Por un lado, el recurso del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Gonzalo Redondo, contra el acuerdo plenario que aprobó el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha que no consideró la nulidad de oficio de la venta de Aguas. Por otro, el proceso de lesividad presentado por el Ayuntamiento. De momento, el juzgado número 2 de Ciudad Real ha admitido la paralización del recurso de Redondo hasta que resuelva el Supremo y el procedimiento de lesividad sigue su curso. Desde el Ayuntamiento se han opuesto a la paralización e intentarán explotar esta vía.

Respondiendo a las preguntas de varios de los ciudadanos presentes en la Mesa del Agua, el abogado del Ayuntamiento indicó que la decisión del Supremo frena notablemente la posibilidad de la vía más directa para la reversión de la empresa mixta, ya que puede tardar en pronunciarse entre uno y dos años y medio.

No obstante, desde el equipo de Gobierno insistirán en la vía de la lesividad «porque estamos convencidos que con la venta de Aguas, que fue una decisión política, se han lesionado los intereses de Alcázar y de sus ciudadanos. Por esta vía cabría la posibilidad de anular el procedimiento».

En cuanto a la posibilidad propuesta en la mesa por la Plataforma del Agua de utilizar la sentencia favorable obtenida por este colectivo que anula la memoria para «provocar efecto cascada»; la concejala de Asuntos Jurídicos, Amparo Bremard, explicó que el Consejo Consultivo «ya ha dicho que la anulación de la memoria no es motivo de nulidad, sino de anulabilidad, algo que no podríamos asumir». La anulabilidad supondría negociar con Aqualia una indemnización millonaria y «comprar lo que es nuestro tres veces más caro que por lo que lo vendió el PP», dijo la alcaldesa, diferenciando este concepto de la declaración de un acto administrativo como nulo que no conlleva indemnización, sino devolver a la empresa el préstamo que realizó al Ayuntamiento y el coste de las acciones adquiridas.

La reunión de la Mesa del Agua sirvió para escuchar todas las aportaciones de vecinos y colectivos y para aclarar dudas al respecto de los procedimientos judiciales; así como para mostrar la voluntad del equipo de Gobierno de «seguir luchando» para que Aguas de Alcázar vuelva a ser una empresa pública cien por cien, valorando «cualquier posibilidad, por pequeña que sea y actuando con sensatez», como aseguró la alcaldesa. «Aunque de momento las cosas no hayan salido como queremos, en un Estado de Derecho la única forma de resolver una injusticia, nos guste o no, es por la vía judicial».