El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido colocar al medio rural en el centro del desarrollo de la futura Ley de Accesibilidad Universal, con la intención de que esta norma beneficie primero a las aldeas, pueblos y pequeños núcleos de la región, donde las barreras físicas, sensoriales y digitales son más evidentes. La administración autonómica está trabajando en esta iniciativa en colaboración con diversas asociaciones representativas, con el objetivo de adaptar el contenido de la ley a las realidades específicas de los municipios rurales y garantizar un sistema de financiación que apoye su implementación.
El Ejecutivo ha mantenido reuniones con organizaciones como COCEMFE, Plena Inclusión, ONCE y la FEMP-CLM, entre otras, con el fin de perfilar tanto el contenido como la aplicación práctica de esta legislación. La ley busca aterrizar el principio de igualdad de oportunidades en el contexto de los municipios de Castilla-La Mancha, que a menudo enfrentan desafíos como la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población.
Castilla-La Mancha destaca por tener una gran proporción de su población y territorio en el medio rural. En esta región, muchas localidades cuentan con menos de 2,000 habitantes y enfrentan una red de servicios básicos dispersa, que incluye consultorios, farmacias y transporte sanitario. La accesibilidad en estos lugares no se limita a soluciones como rampas y ascensores, sino que abarca cuestiones como la señalización, la accesibilidad de las páginas web municipales y el transporte público.
El Gobierno regional promete que la aplicación de esta nueva ley priorizará a los colectivos de personas con discapacidad y mayores, que son especialmente representativos en el medio rural. Además, se busca que la norma esté alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el marco europeo en materia de accesibilidad.
Entre las principales líneas que incluirá la futura ley se encuentran la eliminación progresiva de barreras físicas en edificios públicos, la mejora de la accesibilidad cognitiva y sensorial en los servicios de atención al ciudadano, la accesibilidad digital de las páginas de administración local y autonómica, la adaptación del transporte público, y el establecimiento de programas específicos destinados a las pequeñas localidades, con apoyo tanto técnico como financiero.
El borrador de la ley se está diseñado en estrecha colaboración con el tejido asociativo de la región, con el propósito de incorporar experiencias y perspectivas relevantes. El Gobierno regional ha resaltado la importancia del diálogo con estas organizaciones para asegurar que la norma se adapte a las necesidades de quienes la utilizarán.
Después de finalizar el borrador, el texto será revisado por los órganos consultivos autonómicos antes de su tramitación en las Cortes regionales. Una vez aprobado, la implementación se llevará a cabo en fases, con un enfoque inicial en el medio rural, y se asegurará la colaboración con ayuntamientos y diputaciones, considerando que muchos de estos municipios no cuentan con la capacidad técnica necesaria para realizar grandes obras de accesibilidad.
La futura Ley de Accesibilidad Universal de Castilla-La Mancha tiene como objetivo eliminar barreras en espacios y servicios públicos, centrándose particularmente en el medio rural, donde la combinación de un envejecimiento poblacional y la dispersión territorial presenta desafíos únicos. El proceso de elaboración de la norma cuenta con la participación activa de diversas entidades clave, reflejando un enfoque inclusivo y colaborativo en su desarrollo.
