El Gobierno de Castilla-La Mancha ha comenzado a llevar a cabo el registro de profesionales de la salud que sean objetores de conciencia en la práctica de abortos. Ante la controversia que envuelve este asunto, la portavoz del gobierno y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, ha afirmado que en la región no hay especialistas en la sanidad pública que deseen interrumpir embarazos. Fernández explicó que en caso contrario, si hubiera médicos especialistas disponibles en la sanidad pública que estuvieran dispuestos a realizar abortos, se prestaría ese servicio de forma directa a través del sector público. Sin embargo, dado que no se puede obligar a nadie a renunciar a su objeción de conciencia, el gobierno respetará la decisión de los profesionales. La consejera añadió que en Castilla-La Mancha no existen casos de incoherencia en la que los médicos se nieguen a realizar abortos en la sanidad pública y los lleven a cabo en el sector privado. Asimismo, Fernández informó que dos clínicas trabajan para el Sescam, pero no emplean a profesionales de la sanidad pública con objeción de conciencia. La consejera también destacó que el gobierno lleva tiempo tratando de atraer a especialistas y profesionales de la medicina de fuera del sector público, aunque es un desafío debido a la falta de profesionales desempleados, especialmente de especialidades como ginecología. En este contexto, Fernández resaltó que el gobierno está cumpliendo con la legislación y respetando la objeción de conciencia, incluso si eso implica recurrir a clínicas concertadas para proporcionar los servicios médicos necesarios.
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