El Consejo de Ministros ha aprobado una asignación presupuestaria de 25,7 millones de euros para reforzar la Formación Profesional (FP) en las comunidades autónomas. Esta medida, impulsada por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, pretende elevar el estándar de la FP en toda España, asignando específicamente 1,4 millones de euros a Castilla-La Mancha.
Según la ministra Alegría, la Formación Profesional es considerada como un «proyecto estrella» del Gobierno, recibiendo una apreciación pública cada vez más positiva y una creciente demanda por parte de las empresas que buscan contratar a jóvenes capacitados a través de este sistema. Actualmente, más de 1,2 millones de estudiantes están matriculados en FP.
Los fondos asignados se destinarán a diversas iniciativas como el desarrollo de una red nacional de centros de excelencia de FP, estancias profesionales en empresas, movilidad de estudiantes y aprendices, organización de campeonatos de FP, y proyectos colaborativos con asociaciones sectoriales y pequeñas empresas, entre otras acciones.
Las comunidades autónomas tendrán la libertad de gestionar estos recursos desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2025. Desde 2020, el Ministerio ha distribuido más de 69,8 millones de euros para fortalecer la Formación Profesional en España.
Además, el Consejo de Ministros también ha aprobado la extensión del plazo para la utilización de fondos destinados a la digitalización del sistema educativo, provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Estos fondos, que ascienden a 989,2 millones de euros, podrán ser utilizados hasta finales de 2025 para la adquisición de dispositivos portátiles, instalación de aulas digitales interactivas y formación del profesorado en tecnologías de la información y la comunicación.
En resumen, estas medidas reflejan el compromiso del Gobierno en consolidar y mejorar la calidad y el prestigio de la Formación Profesional en España, así como en promover la digitalización del sistema educativo para garantizar un acceso equitativo a la educación en el país.
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