El Gobierno de España ha tomado una decisión trascendental al anunciar una reforma fiscal que incrementará el impuesto al gasóleo de automoción, equiparándolo al de la gasolina. Esta medida, que comenzará a aplicarse el 1 de abril de 2025, implicará un aumento de 9,37 céntimos por litro, elevando el tipo general de 0,307 euros a 0,40069 euros por litro. A pesar de este incremento, los profesionales del sector no verán afectada su carga fiscal, ya que seguirán contando con un tratamiento diferenciado.
Una enmienda dentro de esta reforma establece que si el precio del gasóleo supera los dos euros por litro durante dos meses consecutivos, el tipo general se ajustará a 0,35 euros por litro. Esta medida busca ofrecer un alivio temporal a los consumidores en casos de precios extremos, manteniendo así un equilibrio en la carga fiscal de los combustibles.
A partir de 2025, el gasóleo de automoción pasará a tributar al mismo nivel que la gasolina, con un total de 0,47269 euros por litro en impuestos. Actualmente, el diésel paga 0,379 euros por litro en impuestos, de los cuales 0,307 euros corresponden al tipo general y 0,072 euros al tipo especial. Esta equiparación busca no solo reducir las diferencias en la fiscalidad de ambos combustibles, sino también fomentar una transición hacia energías menos contaminantes.
El impacto de esta medida podría ser significativo, especialmente para los usuarios comunes de diésel, aunque el Gobierno ha enfatizado que espera que este cambio contribuya a disminuir las emisiones contaminantes, a través de un aumento en la fiscalidad del diésel, que hasta ahora ha sido más baja y ha incentivado su uso en distintos ámbitos de transporte.
En el marco de esta reforma, se incluyen condiciones especiales para una posible rebaja temporal del impuesto. Si se presenta la situación excepcional de que el precio del gasóleo supere los dos euros el litro durante dos meses y el barril de Brent incremente su valor, el tipo general podría reducirse a 0,35 euros por litro, ofreciendo así un alivio a los consumidores.
Con esta propuesta, el Gobierno busca establecer un balance entre el control fiscal y la protección de los consumidores, al mismo tiempo que se plantea una oportunidad para incentivar el uso de opciones energéticas más sostenibles.
