El Parlamento Europeo ha puesto en la mira la alarmante situación de la sanidad animal en la región, discutiendo estrategias para anticiparse a futuras crisis sanitarias. En este marco, la eurodiputada socialista Cristina Maestre ha destacado la gravedad de la crisis actual provocada por la expandida presencia de la lengua azul en los rumiantes. Esta problemática se ha extendido desde el norte hasta el sur de la Unión Europea, generando una situación crítica.
Maestre ha advertido que «tenemos miles de explotaciones afectadas y los veterinarios no dan abasto», lo que evidencia la magnitud del desafío sanitario que enfrentan los países miembros. Detectada desde la primavera, la crisis aún carece de una solución efectiva a finales del otoño, lo que ha llevado a la eurodiputada a criticar la inacción de la Comisión Europea, que se ha limitado a recomendar programas voluntarios de erradicación a los Estados miembros sin implementar medidas más contundentes.
«Es intolerable que la Comisión se desentienda del problema», ha dicho Maestre, al señalar el alarmante número de muertes de ganado que ha acentuado no solo una crisis sanitaría, sino también una crisis económica significativa que afecta a todo el sector agroalimentario de la Unión Europea.
Para abordar esta emergencia, los socialistas proponen implementar «una vacunación masiva, urgente y financiada por la Unión Europea», junto con «ayudas directas compensatorias para los afectados por la lengua azul y la activación de los fondos y mecanismos necesarios». Maestre también ha subrayado la importancia de cumplir con la ley de vigilancia sanitaria, que debería contar con financiamiento compartido y ha reiterado que «no se puede depositar en los Estados miembros toda la responsabilidad». En este sentido, ha instado a la Comisión a intervenir de manera más activa para facilitar la resolución de la crisis.
La actual crisis sanitaria resalta la necesidad urgente de un enfoque más cohesionado y eficiente en la gestión de la sanidad animal en Europa. Con acciones rápidas y bien coordinadas, se podrían prevenir desastres económicos y problemas de salud pública de mayor escala. La situación reclama una respuesta colectiva y decidida que proteja tanto a los agricultores como al sector agroalimentario de la Unión Europea, garantizando la estabilidad y el bienestar de todos los involucrados.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
