En la Región de Murcia, un caso que ha conmocionado a la sociedad se ha resuelto con la condena de siete empresarios, entre los que se encuentra el exvicepresidente de la CROEM, Juan Castejón Ardid, por delitos relacionados con la prostitución infantil. Las víctimas, que tenían entre 14 y 15 años, fueron captadas en las proximidades de colegios y posteriormente entregadas a los acusados, quienes pagaban por sus servicios sexuales. A pesar de la gravedad de los crímenes, los condenados han evitado el ingreso en prisión gracias a un acuerdo con la Fiscalía que implicó el reconocimiento de los hechos y la consideración de dilaciones indebidas en el proceso judicial como un atenuante.
Juan Castejón, conocido como ‘El Petrolero’, ha sido condenado a cinco meses de prisión y una multa de 2.000 euros por cada menor afectada. Otros empresarios condenados, como José Antonio Arce López, Juan Peque Álvarez, José Jara Albero, Antonio Giménez Pelegrín, Antonio Morales Nicolás y Juan Martínez Fernández, también han recibido sentencias que les eximen de pasar tiempo en la cárcel. Esto ha generado una ola de indignación en la comunidad, que se siente protestando por la percepción de impunidad que trasmiten tales resoluciones judiciales.
El abogado penalista Antonio Casado Mena ha criticado la utilización del atenuante de dilaciones indebidas, argumentando que las reducciones de penas por retrasos en la administración de justicia son un fenómeno criticable. “Es vergonzoso” que quienes cometen delitos tan graves, especialmente contra menores, puedan eludir la cárcel por fallos del sistema judicial, enfatizó el abogado.
Por su parte, el Fiscal Superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha expresado su preocupación sobre el asunto y está considerando la posibilidad de solicitar el ingreso en prisión de algunos de los condenados, lo que ha generado un nuevo debate acerca de la necesidad de reformas en el sistema de justicia penal. La situación se torna aún más alarmante con el hecho de que, además de los empresarios, seis intermediarios que desempeñaban el papel de captadores de menores también han sido condenados. Cuatro de estas personas, conocidas como ‘madames’, han visto reducidas sus penas pese a que la Fiscalía había solicitado inicialmente hasta 56 años de cárcel para algunos de los implicados.
Las reacciones no se han hecho esperar; el fallo ha dado lugar a protestas frente al Palacio de Justicia de Murcia, donde un creciente descontento ciudadano se ha manifestado en rechazo a lo que se percibe como una indulgencia del sistema judicial hacia los acusados de estos graves delitos. La sociedad se encuentra en un momento crítico donde la protección de los menores y la efectividad del sistema judicial están siendo cuestionadas con vehemencia.
