El Tribunal General de la Unión Europea ha ratificado la multa de 31,7 millones de euros impuesta a HSBC por su implicación en un cartel destinado a manipular el Euríbor. Esta sanción, que se origina en un proceso iniciado en 2016, había sido parcialmente anulada en 2019 por falta de motivación en el razonamiento legal de la Comisión Europea. Sin embargo, la reciente decisión del tribunal reafirma la validez de la multa.
La investigación es parte de un caso más amplio que también involucra a Crédit Agricole y JPMorgan, como consecuencia de prácticas contrarias a las normativas de competencia de la UE en productos derivados basados en tipos de interés de referencia. Aunque la sanción inicial ascendía a 485 millones de euros, el importe final para HSBC se ha establecido en 31,7 millones tras la revisión legal.
El Tribunal General desestimó todos los argumentos presentados por HSBC, incluida la solicitud de anulación de la multa y la propuesta de reducción de su importe. Entre los argumentos rechazados destaca la afirmación del banco británico de que la sanción fue impuesta fuera de plazo. La sentencia deja en claro que la participación de HSBC en prácticas anticompetitivas ha sido debidamente demostrada, lo que refuerza el compromiso de la UE de combatir conductas que distorsionen la competencia y perjudiquen la transparencia financiera.
Este fallo tiene importantes implicaciones para el sector bancario, subrayando la determinación de las instituciones europeas de sancionar cualquier conducta que viole las regulaciones de competencia. El caso de HSBC se suma a una serie de medidas contundentes tomadas en los últimos años contra grandes entidades financieras implicadas en prácticas desleales. Además, esta decisión podría sentar un precedente para futuros casos similares, reafirmando que las sanciones por manipulación de mercados serán defendidas con firmeza en las instancias judiciales europeas.
En consecuencia, HSBC deberá afrontar las repercusiones de este veredicto y revisar sus políticas internas para evitar futuros conflictos legales. La decisión del Tribunal General resalta la importancia de una regulación firme en el sector financiero para asegurar un entorno de negocio transparente y justo en la Unión Europea.
