En una reciente solicitud ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el sindicato Manos Limpias ha solicitado medidas para esclarecer la propiedad y el paradero de un teléfono utilizado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La petición busca determinar si el dispositivo en cuestión pertenece a la Administración y, en consecuencia, si debe ser preservado o estar disponible para fines de inspección.
Manos Limpias, actuando como acusación popular, ha mostrado su interés por que el Gobierno aclare si el teléfono mencionado, que García Ortiz cambió el 23 de octubre, está registrado como un activo de la Administración. Este cambio se produjo apenas una semana después de que el Tribunal Supremo le imputara a García Ortiz por presuntas revelaciones a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, se da la circunstancia de que el cambio de móvil coincidió con la orden de registro del despacho de García Ortiz y la requisición de sus dispositivos y comunicaciones electrónicas, llevada a cabo el 30 de octubre.
Según información de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el fiscal general utilizaba un terminal con sistema «Dual SIM», uno de cuyos números pertenecía a un organismo del Ministerio de Hacienda. La UCO analizó los identificadores IMSI/IMEI del dispositivo incautado a García Ortiz, determinando que el terminal había sido cambiado el 23 de octubre, lo que genera preocupaciones sobre el destino final del teléfono anterior.
En este contexto, Manos Limpias ha solicitado la cooperación de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Gobierno y del Ministerio de Hacienda para verificar la propiedad del terminal. En caso de que se confirme que el teléfono es un activo público, el sindicato ha exigido su entrega al Tribunal Supremo para el análisis correspondiente por parte de la Guardia Civil, así como información sobre quién podría ser responsable de cualquier formateo o borrado de datos que se haya podido realizar.
Esta demanda resalta la importancia de la transparencia y el seguimiento exhaustivo en la manipulación y custodia de dispositivos electrónicos pertenecientes a la Administración, especialmente en el contexto de investigaciones que tienen un impacto significativo en el ámbito judicial y político. La respuesta del Gobierno a esta solicitud podría aclarar dudas respecto al manejo de información sensible y a la integridad de los procesos judiciales que involucran a figuras de alto perfil en el Estado.
