El 2 de diciembre, entra en vigor el Real Decreto 933/2021 en España, el cual impone nuevas obligaciones a los hoteles y alojamientos turísticos en cuanto a la recopilación y transmisión de datos de los huéspedes al Ministerio del Interior. Este decreto amplía la cantidad de información que los establecimientos deben registrar sobre sus clientes, lo que ha generado preocupación entre aquellos que valoran la privacidad y temen la posible mala gestión de estos datos sensibles.
Anteriormente, los hoteles estaban obligados a recopilar 14 datos básicos de los huéspedes, como nombre, apellidos, número de documento de identidad, y fechas de entrada y salida. Con la nueva normativa, el número de datos requeridos asciende a 42, e incluye información más detallada como números de teléfono, correos electrónicos, medios de pago, y detalles del contrato de hospedaje.
El gobierno justifica estas nuevas medidas en nombre de la seguridad, argumentando la necesidad de combatir el terrorismo y el crimen organizado. Según el Ministerio del Interior, el control más exhaustivo de los viajeros permitirá detectar actividades sospechosas y proteger a la ciudadanía de posibles amenazas.
Sin embargo, algunos expertos y organizaciones de derechos digitales han expresado su preocupación sobre la cantidad de datos recopilados, señalando que podría representar un riesgo para la privacidad de los ciudadanos. La transmisión de estos datos a las autoridades en tiempo real podría vulnerar la confidencialidad de los viajeros y abrir la posibilidad de filtraciones o mal uso de la información, especialmente considerando el historial de incidentes de seguridad en los sistemas gubernamentales.
Entre los nuevos datos que los huéspedes deberán proporcionar se encuentran detalles sobre su lugar de residencia habitual, número de teléfono móvil, correo electrónico, y en algunos casos, la relación de parentesco entre los viajeros. Además, los hoteles también tendrán que registrar información sobre el contrato de hospedaje, incluyendo fechas de firma, entrada y salida, y el tipo de conexión a Internet disponible en el establecimiento.
Una de las obligaciones que ha generado controversia es la de registrar los datos del pago, que incluye no solo el tipo de medio de pago utilizado (tarjeta, transferencia, efectivo, etc.), sino también detalles como el número de la tarjeta, el IBAN, o los titulares de las cuentas bancarias. Esta información será almacenada y compartida con las autoridades, lo que ha generado preocupación sobre la protección de los datos financieros de los viajeros.
A pesar de las garantías del gobierno de que la información recopilada será tratada de manera confidencial y segura, muchos ciudadanos temen que esta nueva normativa facilite un control excesivo sobre sus movimientos. En redes sociales, se han realizado comparaciones con el mundo orwelliano de «1984», y algunos usuarios cuestionan la necesidad de compartir tantos datos para poder hospedarse en un hotel o apartamento turístico.
Además, los medios internacionales también han comenzado a prestar atención a esta nueva normativa, resaltando el contraste con las leyes de privacidad de otros países europeos, donde la recopilación de datos de viajeros no alcanza niveles tan exhaustivos.
A partir del 2 de diciembre, los hoteles y alojamientos turísticos deberán recabar una amplia cantidad de datos de los huéspedes, como nombre, apellidos, número de documento de identidad, sexo, nacionalidad, tipo de documento, fecha de nacimiento, teléfonos, correos electrónicos, dirección habitual, lugar de residencia, número de viajeros, relación de parentesco, información del contrato, detalles de la transacción, entre otros.
Con el Real Decreto 933/2021, España se suma a la tendencia global de mayor control y vigilancia de los ciudadanos en nombre de la seguridad. Sin embargo, este aumento en la recopilación de datos plantea interrogantes sobre la protección de la privacidad y los posibles riesgos asociados con el mal manejo de información sensitiva. Tanto hoteles como turistas deberán adaptarse a estas nuevas exigencias, a la espera de ver si las promesas de confidencialidad y seguridad se cumplen en la práctica.
