Toledo, 15 de diciembre de 2017.- Castilla-La Mancha es la tercera Comunidad Autónoma de régimen común que menos ha incrementado su deuda pública desde el inicio de la legislatura, con un incremento que es cinco veces menor al de la media nacional.
 
Así se desprende de los datos oficiales sobre la deuda pública del tercer trimestre por comunidades autónomas que hoy ha publicado el Banco de España.
 
De acuerdo con estos datos, la deuda pública de Castilla-La Mancha se ha incrementado únicamente dos décimas en porcentaje sobre el Producto Interior Bruto (PIB) a lo largo de esta legislatura, es decir, cinco veces menos de lo que lo ha hecho la del conjunto nacional, cuyo incremento ha sido de un punto.
 
Un control de la deuda pública por parte del Ejecutivo de Emiliano García-Page que también se refleja a lo largo de este año, ya que Castilla-La Mancha es la tercera región de régimen común que más ha reducido su deuda durante 2017.
 
Los datos oficiales del Banco de España indican que desde que finalizó 2016 el porcentaje de deuda pública sobre el PIB de la región se ha reducido cuatro décimas, la mayor reducción tras la de la Comunidad Valenciana y Andalucía.
 
Además, Castilla-La Mancha también obtiene unos datos positivos en comparación con el trimestre anterior.
 
De junio a septiembre de este año la deuda pública de la región ha descendido 0,3 puntos en porcentaje sobre el PIB.
 
Tal como se evidencia con el control de la deuda pública, el Gobierno de Emiliano García-Page desde el inicio de la legislatura está manteniendo unas finanzas públicas saneadas, lo que, además, está siendo compatible con la recuperación social y económica de la región.
 

Toledo, 15 de diciembre de 2017.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado que la Inspección de Trabajo lleve a cabo el próximo año 1.373 acciones de prevención de riesgos laborales en la provincia de Toledo, enmarcadas dentro de las diferentes medidas recogidas en el Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales.
 
Así lo ha señalado el director provincial de Economía, Empresas y Empleo, Julián Martín Alcántara, quien ha destacado que la lucha contra la siniestralidad laboral sigue siendo una prioridad en la programación de las actuaciones inspectoras acordadas en la Comisión Operativa Autonómica de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Castilla-La Mancha (ITSS) para el próximo año.
 
De hecho, Martín Alcántara ha puntualizado que “las actuaciones de inspección en materia de prevención de riesgos que realizará la ITSS en la provincia crecen un uno por ciento respecto a este año”.
 
En este sentido, el director provincial ha recordado que “de enero a septiembre, en nuestra provincia la tasa de incidencia de accidentes laborales ha disminuido en un 4 por ciento; destacando especialmente el descenso en la tasa de accidentes mortales, con una caída del 51,5 por ciento, y de la tasa de graves, con un descenso del 20 por ciento”.
 
La Comisión Operativa Autonómica de la ITSS de Castilla-La Mancha, que se reunió el pasado 27 de noviembre, es un órgano colegiado para la cooperación y la colaboración mutua de la Administración General del Estado y la región en materias que afecten a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a la Comunidad Autónoma.
 
El director provincial de Economía, Empresas y Empleo ha explicado que la principal novedad del próximo año es que todas las actuaciones previstas dentro de la parte inspectora programada se incardinan en las diferentes medidas recogidas en el Acuerdo Estratégico regional de Prevención de Riesgos Laborales.
 
En este sentido, Martín Alcántara incidía en que cumplir las normas laborales y particularmente las relativas a prevención de riesgos laborales “ayuda a reducir la accidentalidad y siniestralidad laboral, que es un empeño en el que debemos colaborar todos”.
 
Un total de 5.963 actuaciones inspectoras en la provincia
 
Por otra parte, Martín Alcántara ha señalado que el total de las actuaciones inspectoras de la ITSS programadas en la provincia de Toledo para 2018 asciende a 5.963, lo que supone un 1,3 por ciento más que en 2017.
 
De ellas, las materias que son competencia de la Comunidad Autónoma -Prevención de Riesgos Laborales y Relaciones Laborales- totalizan 2.688 actuaciones, prácticamente la mitad del total de la actividad inspectora programada de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. “Esta cifra supone un incremento del 1,48% respecto a las realizadas en estas áreas en este año”, añadía Martín Alcántara.
 
El resto de las actuaciones inspectoras de la ITSS se realizan en las áreas de Seguridad Social (1.077), en economía irregular (1.845), y en otras actuaciones sin especificar (353).
 
Todas estas inspecciones programadas se suman a la actividad rogada (denuncias, etc.) que puedan entrar a lo largo del próximo año en la Inspección de Trabajo de Toledo.
 
Por último, el director provincial explicaba que la actividad inspectora pretende lograr el cumplimiento empresarial de la normativa laboral y “es necesaria frente a aquellas empresas, afortunadamente cada vez menos, que se mantienen al margen de las normas laborales vulnerando los derechos de los trabajadores”.

Toledo, 15 de diciembre de 2017.- La directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Regina Leal, ha presidido hoy el acto de constitución del Observatorio de la Violencia para prevenir las agresiones al personal del SESCAM, un órgano que permitirá homogeneizar los criterios en las distintas gerencias con respecto a la prevención y a la actuación en estos casos, así como detectar, prevenir y actuar en los campos necesarios para evitar o minimizar el número de incidentes.
 
En declaraciones a los periodistas, previas al inicio de la reunión, Leal ha señalado que en los últimos años, la violencia en el lugar de trabajo se ha convertido en una preocupación prioritaria ya que el personal de los servicios sanitarios presenta un grado de riesgo mayor que en otros ámbitos laborales.
 
“Si bien la mayoría de las agresiones no son físicas, sino que se trata de amenazas, insultos, intentos de agresión física o coacciones, no podemos permitir que nuestros profesionales trabajen bajo ese grado de estrés”, ha apuntado la directora gerente del SESCAM, quien ha afirmado que el Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene una postura clara de rechazo a la violencia de la naturaleza que sea y que se produzca en cualquiera de los centros sanitarios de la región.
 
En este sentido, ha explicado que la finalidad del Observatorio constituido hoy es conocer, analizar y evaluar situaciones de riesgo de agresiones al personal del SESCAM, así como proponer actuaciones de prevención en intervención para la mejora de la relación entre profesionales y usuarios.
 
Asimismo, pretende mejorar la normalización de las comunicaciones e interacción entre trabajadores y trabajadores y usuarios mediante la prevención de conductas y actos agresivos y la mejora del clima laboral.
 
“Nuestro objetivo es que sirva de foro de diálogo entre administraciones y otros representantes de la sociedad en orden a asegurar una participación activa para prevenir las agresiones”, ha asegurado la directora gerente del SESCAM.
 
Funciones del Observatorio
 
Para ello, entre las funciones del Observatorio se encuentra promover la realización de planes de prevención y procedimientos para actuar frente a situaciones de conflicto y agresión, minimizar tiempos de respuesta y establecer mecanismos de prevención, así como evaluar el nivel de aplicación, desarrollo y eficacia de los mismos.
 
Asimismo, realizará estudios que permitan un mejor conocimiento de la situación de las agresiones, así como llevar a cabo un análisis de los mismos para proponer mejoras en los procedimientos de actuación.
 
Igualmente, impulsará planes de información y formación dirigidos a los profesionales del SESCAM, que incluyan la metodología de actuación preventiva ante la violencia, el trato correcto y comunicación entre profesionales y usuarios.
 
Otra de las vertientes de actuación será la promoción de foros y encuentros entre profesionales y expertos para facilitar el intercambio de conocimientos, trabajos y nuevas iniciativas en esta materia, así como formular propuestas de convenios, acuerdos o protocolos de actuación a nivel regional con otras entidades u organismos públicos con competencias en la materia.
 
También se encargará de proponer mejoras generales en relación a procedimientos del Plan Perseo, el plan específico con el que cuenta la Comunidad Autónoma desde hace más de una década para combatir y erradicar la violencia hacia los profesionales sanitarios, desde la sensibilización, prevención y la formación.
 
El Observatorio de la Violencia está presidido por la directora gerente del SESCAM y también forman parte del mismo representantes de varios departamentos del Servicio regional de Salud –Direcciones General de Recursos Humanos y Asistencia Sanitaria, Secretaría General–, de la Consejería de Sanidad, de los Colegios Profesionales de Médicos y Enfermería, sindicatos con representación en la Mesa Sectorial y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
 
Personación como acusación particular
 
La directora gerente del SESCAM ha explicado que la puesta en marcha de este Observatorio se enmarca dentro del conjunto de acciones que está desarrollando el Gobierno de Castilla-La Mancha para prevenir las agresiones y para actuar en el caso de que se produzcan.
 
A este respecto, ha informado que recientemente el Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades a personarse como acusación particular en todas las agresiones físicas a profesionales sanitarios.
 
Según ha explicado Leal, hasta ahora, cada vez que se producía un hecho de estas características, era preceptiva la tramitación del correspondiente expediente individual por el Consejo de Gobierno. La exigencia de este requisito previo podría llegar a hacer imposible el ejercicio de la acción penal por haberse celebrado el procedimiento de juicio rápido con anterioridad a que se emita la autorización del Consejo de Gobierno.
 
Para evitar que esto sea así, y posibilitar un funcionamiento más ágil en la defensa de los profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, se ha estimado oportuno una autorización genérica del Consejo de Gobierno que permita al Gabinete Jurídico el ejercicio en vía judicial de las acciones precisas, en calidad de acusación particular, en todos los casos de agresiones físicas a profesionales del sistema sanitario público regional.
 
Mejora de la protección jurídica
 
Por otra parte, ha recordado que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha mejorado la protección jurídica que ofrece a sus profesionales en el caso de agresiones sufridas en el ejercicio de su actividad en el ámbito del sistema sanitario público regional.
 
Así, desde el pasado 1 de agosto, fecha en la que entró en vigor la nueva póliza de responsabilidad civil y patrimonial del SESCAM, los profesionales pueden acceder a un servicio de asesoramiento jurídico durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
 
Uno de los objetos de la cobertura de la póliza de seguro suscrita por el SESCAM es garantizar los gastos de asistencia jurídica, comprendiendo los servicios de asesoramiento y orientación y, en su caso, el ejercicio de las acciones judiciales o extrajudiciales que se ocasionen a sus profesionales por hechos de violencia ejercidos contra los mismos en el desempeño de su actividad profesional.
 
A la reunión de constitución del Observatorio de la Violencia han asistido, entre otros, el subdelegado del Gobierno en Toledo, Fernando Sanz, los presidentes autonómicos de los Colegios Profesionales de Médicos y Enfermería, José Molina y Roberto Martín, respectivamente, así como representantes de varias organizaciones sindicales.
 

Toledo, 15 de diciembre de 2017.- Los servicios de Medicina Intensiva y de Psiquiatría del Complejo Hospitalario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, han organizado el primer curso para profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha para abordar el tratamiento no farmacológico de las enfermedades neuropsiquiátricas graves.
 
El objetivo de este curso, en el que se han reunido una treintena de profesionales sanitarios de distintas especialidades de Castilla-La Mancha, era proporcionar los conocimientos óptimos en el campo de las enfermedades neuropsiquiátricas graves en nuestro medio, su impacto socioeconómico, así como las distintas opciones terapéuticas no farmacológicas disponibles.
 
Otro de los objetivos era concienciar a los profesionales sanitarios implicados de manera directa o indirecta en esta patología de la importancia del tratamiento multidisciplinar de estos pacientes, facilitar el intercambio de experiencias entre profesionales y conocer las patologías neurológicas que pueden debutar con distintas sintomatologías psiquiátricas así como sus algoritmos diagnósticos.
 
Los doctores Pilar Leal y Adolfo Benito, de los servicios de Medicina Intensiva y de Psiquiatría del Hospital de Toledo, explican que “el paciente neuropsiquiátrico supone un problema sociosanitario, no solo por su elevada prevalencia, sino por el impacto que ejerce en el sufrimiento y desestructuración de su entorno más cercano”.
 
En este sentido, apuntan que en España, sin tener en cuenta los trastornos secundarios al consumo de tóxicos, en torno a un 9 por ciento padece algún tipo de trastorno mental y hasta un 15 por ciento lo padecerá a lo largo de su vida.
 
Ambos facultativos indican que “en ocasiones, la gravedad del proceso hace necesaria una intervención rápida y aunque hoy en día la farmacoterapia es la terapia estándar en gran parte de los procesos, la gravedad de la clínica, necesidad de instauración de tratamiento inmediato por alto riesgo autolítico o  intolerancia oral,  hace necesaria la asociación de otros tratamientos de apoyo hasta estabilización de la sintomatología”.
 
El conocimiento de estas opciones  permite, de forma multidisciplinar, mejorar la sintomatología clínica en fase aguda hasta poder optimizar un adecuado tratamiento farmacológico y en determinadas patologías minimizar los episodios de recidiva.
 
Los avances en los últimos años sobre Neuro-radiología y Neurobiología han permitido conocer las bases citoquímicas que intervienen en los procesos neuropsiquiátricos, así como el efecto beneficioso que pueden realizar terapias no farmacológicas.
 
Experiencia en el Hospital de Toledo
 
Los Servicios de Medicina Intensiva y Psiquiatría del Complejo Hospitalario de Toledo han realizado desde el año 2014 de manera conjunta más de 670 sesiones de terapia electroconvulsiva a pacientes con patologías como el trastorno depresivo recurrente, trastorno bipolar o esquizofrenia, cuando el tratamiento habitual no produce una mejoría óptima, o si la gravedad de la situación no permite la espera a la respuesta adecuada de la medicación.
 
Esta técnica, que se ha mostrado segura y eficaz, mejora la calidad de vida de estos pacientes. Asimismo, nuevas terapias como la estimulación magnética transcraneal, estimulación transcraneal directa, estimulación del nervio vago o estimulación craneal profunda abren un  campo terapéutico muy positivo en que en próximos años ampliará las posibilidades de curación de estas enfermedades.

Toledo, 15 de diciembre de 2017.- El Gobierno regional ha aprobado el decreto por el que se regula la política de gestión de documentos del sector público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que garantiza la gestión y la información administrativa, el derecho de acceso de las personas a documentos y la conservación del patrimonio documental.
 
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica hoy este decreto, que tiene por objeto el establecimiento de las normas y directrices por las que se ha de regir la política de gestión de documentos del sector público de la Administración regional y que fue uno de los asuntos que se trató en la Comisión de Administración Electrónica y Simplificación de Trámites Administrativos (CAESTA), que se ha celebrado esta semana y que ha presidido la viceconsejera de Administración Local y Coordinación Administrativa, Pilar Cuevas.
 
El texto publicado hoy en el DOCM tiene por finalidad promover el control de la gestión de documentos en cualquier soporte, físico o digital, desde su ingreso y captura hasta su eliminación o conservación permanente en el archivo único de la Administración de la Junta de Comunidades para, de esta forma, garantizar el acceso, seguridad, disponibilidad, confidencialidad y conservación de esos documentos y los derechos y obligaciones definidos en la legislación sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
 
De este modo, se prevé que todas las personas puedan acceder a unas determinadas prestaciones, que se encuentran recogidas en la carta de servicios del Archivo de Castilla-La Mancha, de acuerdo a una serie de compromisos de calidad y a los indicadores asociados a los mismos.
 
El decreto, que entrará en vigor en 20 días, establece que la política de gestión de documentos se deberá aplicar a todos los documentos y expedientes durante todas las etapas de su ciclo vital, desde su inicio hasta su custodia definitiva, para garantizar su autenticidad, integridad, seguridad, confidencialidad, calidad, protección a largo plazo, recuperación, accesibilidad, consulta y trazabilidad.
 
Los procesos que integran la gestión documental son la identificación de procedimientos y trámites administrativos, la captura, la clasificación, la descripción, la seguridad, el acceso y la valoración.
 
La política de gestión de documentos será aplicable a la documentación generada, reunida y conservada por los órganos de Gobierno y Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la Junta de Comunidades, las empresas del sector público regional cuyo capital social pertenezca mayoritariamente a la Administración de la Junta de Comunidades o a una entidad de derecho público dependiente o vinculada a ésta, las fundaciones del sector público regional cuyo patrono fundador sea la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y dependan directamente de la misma y las corporaciones de derecho público en la documentación producida en el ejercicio de competencias delegadas de carácter público.
 
La Escuela de Administración Regional planificará las acciones formativas necesarias para la formación y capacitación de los empleados públicos encargados de la gestión y ejecución de esta política.
 
Comisión de Administración Electrónica y Simplificación de Trámites Administrativo
 
En la reunión de la CAESTA celebrada esta semana, además del mencionado decreto, se ha abordado la evaluación del Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas para 2017, que consta de 43 procedimientos administrativos de los que se benefician anualmente más de 460.000 ciudadanos y cerca de 15.000 entidades, entre empresas, cooperativas, asociaciones y ayuntamientos, entre otros.
 
Tal como ha resaltado Cuevas, el Gobierno regional tiene como objetivo acercar y facilitar la relación de la ciudadanía con la Administración regional a través de la administración electrónica, gracias a la prestación de unos mejores servicios públicos.
 
Por otra parte, se ha informado a los miembros de la CAESTA de las implicaciones organizativas que supone la adecuación a la nueva normativa de protección de datos y se ha puesto de puesto de manifiesto la necesidad de seguir incrementando el número de procedimientos que se tramitan electrónicamente en su totalidad, de impulsar la formación de los empleados públicos en administración electrónica y de continuar con la renovación y actualización de las cartas de servicio.