España sigue sin cumplir sus obligaciones internacionales en el marco de la investigación, la prevención, la sanción y la reparación integral de las víctimas de violencia sexual. Y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado el pasado 28 de septiembre con el consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados ha sido una oportunidad perdida para la protección a las víctimas de la violencia sexual.
La violencia de género en el ámbito de pareja y ex-pareja sigue siendo una grave violación de derechos humanos en España y quedan muchas cuestiones por resolver. Sin embargo, con la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género en diciembre de 2004, el Estado español reconoció que las agresiones de género en la pareja o ex-pareja deben combatirse a través de una legislación específica que tenga en cuenta una perspectiva de género; y aceptó que tienen la responsabilidad y el deber de proteger a las víctimas. También se produjeron algunos avances para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual, aunque hay graves problemas en cuanto a la identificación de las víctimas y no se cuenta con una Ley Integral. Sin embargo, los avances descritos no han alcanzado la violencia sexual en sus diferentes manifestaciones.
En relación a la violencia sexual, Amnistía Internacional ha denunciado en diversas ocasiones, entre otros, la falta de recolección de datos desagregados, lo que impide conocer la dimensión de este problema. Según datos de la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres de 2015, el 7’2% de las niñas y mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, lo que equivale a más de 1,4 millones de niñas y mujeres. Los datos facilitados por el Ministerio del Interior sobre violencia sexual son muy limitados, al registrar únicamente los datos de denuncias presentadas. En 2016 se presentaron 8.763 denuncias por delitos contra la libertad sexual, de las cuales 8.147 incluyen agresiones contra la libertad y la identidad sexual (agresiones, abusos, acoso, o contacto con menores a través de tecnología).
Amnistía Internacional lamenta la ausencia de iniciativas por parte de las autoridades públicas, como por ejemplo la existencia de campañas y acciones de prevención, la falta de servicios especializados de atención y recuperación de las víctimas, o la falta de especialización de todos los agentes que intervienen en todo el proceso de atención a víctimas de violencia sexual.
“Fallamos como sociedad, cuando a la víctima de violencia sexual se la sienta
en el banquillo de los acusados y la noticia es si su relato es veraz o no”
Virginia Álvarez, Amnistía Internacional España
Igualmente Amnistía Internacional alerta de la persistencia de prejuicios discriminatorios que impactan negativamente en los derechos de estas víctimas en el proceso judicial. A diferencia de lo que sucede en otro tipo de delitos, las mujeres víctimas de violencia de género, incluyendo la violencia sexual, se enfrentan habitualmente a prejuicios por parte de las autoridades que ponen en duda la credibilidad de sus testimonios, lo cual introduce una pesada carga para demostrar la veracidad de su relato.
“Fallamos de manera alarmante como sociedad, cuando a las víctimas de violencia de género, y especialmente a las de violencia sexual, se las trata como acusadas, y cuando la noticia es si su relato es veraz o no, como estamos viendo estos días en el juicio que se está celebrando en Pamplona. Con esto, lo único que se hace es provocar una doble revictimización”, señaló Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional España.
El caso de Blanca (nombre ficticio), mujer de 20 años con nacionalidad española y de origen colombiano con la que ha hablado Amnistía Internacional, ejemplifica también los prejuicios, los estereotipos y la falta de diligencia debida del Estado a la hora de atender a las víctimas de violencia sexual.
Blanca fue agredida sexualmente a las 5 de la mañana del 8 de mayo de 2016. Su agresor la hizo perder el conocimiento en dos ocasiones. Cuando llegó a casa a las 7 de la mañana y tras contárselo a su madre, decidieron ir a denunciar lo ocurrido.. En la comisaría de su barrio les indicaron que no podían tomar su denuncia y que debían ir a la comisaría especializada en este tipo de delitos en Madrid (Jefatura Superior de la Policía Nacional). En esta comisaría, Blanca entró sola y se enfrentó a un interrogatorio que duró 5 horas. Entre el cansancio y el shock por lo ocurrido, se quedaba dormida en la mesa. “En todo momento sentía que no me creían, lo que me provocaba mayor intranquilidad”. En todo ese tiempo nadie informó a su madre de lo que estaba pasando dentro.
En ningún momento, los agentes le explicaron que tenía derecho a asesoría legal antes de realizar la denuncia. Según su relato, tras la declaración no le ofrecieron acompañarla a recibir asistencia sanitaria, ni le informaron de que en estos casos sólo podía ir a un centro hospitalario especializado, el Hospital de la Paz. Al salir de la comisaría, por sus propios medios, buscaron un hospital donde no se le atendió indicándole que debían ir al hospital especializado. Allí el trato médico fue correcto, pero el médico que la atendió tuvo un enfrentamiento con el médico forense que se negaba a acercarse al centro hospitalario. No se presentó para hacer la exploración hasta las 15.00 horas, sin preservar la intimidad de la víctima, al hablar del caso a voz en grito. Tras ser violada a las 5 de la mañana, tuvieron que transcurrir 10 horas para que finalmente Blanca fuese atendida por personal sanitario y forense.
En la comisaría, la madre de Blanca encontró un papel con datos de la organización CAVAS (Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales) a quien decidieron llamar y que fueron quienes las asesoraron y apoyaron. La investigación de este caso no ha avanzado.
Amnistía Internacional recuerda, tal y como establecen los estándares internacionales sobre violencia sexual, que los Estados deben: Acometer campañas de prevención de violencia contra las mujeres en todas sus formas.
Eliminar todas las barreras que impidan el acceso de las mujeres víctimas de violencia sexual a la justicia, y a servicios de asistencia gratuita y especializada.
Evitar la revictimización en la investigación penal y en todas las etapas procesales, no recurriendo a la discriminación y estereotipos de género.
Garantizar que se proporcione a las víctimas de violencia, servicios de atención de salud física y psicológica y de asistencia jurídica de calidad.
El Pacto de Estado propone la creación de una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual, pero es necesario que el Gobierno concrete medidas, como por ejemplo, el desarrollo de un sistema de atención integral y de urgencia, accesible y de calidad en todo el territorio nacional, con al menos, un Centro de Crisis por cada 200.000 mujeres, y como mínimo, uno por cada Comunidad autónoma, disponible las 24 horas del día, todos los días del año, como recomienda el Consejo de Europa. Algo que no existe por el momento en todo el territorio español.
Luces y sombras del Pacto de Estado contra la violencia de género
Amnistía Internacional valoró positivamente la aprobación del Pacto de Estado que plantea un conjunto de 212 medidas sobre sensibilización y prevención; educación; mejora de la respuesta institucional, entre las que se encuentran medidas de asistencia, ayuda y protección de la víctima; protección de menores y formación especializada a los diferentes agentes.
“Pero no podemos olvidar que el pacto vuelve a poner encima de la mesa muchas medidas que ya se contemplaban en la Ley Integral aprobada en diciembre de 2004 y que no se han implementado correctamente. El Pacto debe suponer una oportunidad para que España ponga en marcha, entre otras, las recomendaciones de organismos internacionales, y especialmente asegurar la correcta implementación del Convenio de Estambul (ratificado por España en junio de 2014) sobre prevención y lucha contra todos los tipos de violencia contra las mujeres”, manifestó Virginia Álvarez.
Amnistía Internacional valora positivamente que el Pacto ahonde en la necesidad de impulsar la formación y la educación en igualdad como vía de prevención y sensibilización; que el reconocimiento de la víctima no quede supeditado necesariamente a la interposición de la denuncia para lo que se deberá reformar la Ley Orgánica 1/2004 (Ley Integral contra la violencia de género); o que se establezca un plazo de dos años para establecer en todos los juzgados las Unidades de Valoración Forense Integral, hasta ahora infrautilizadas, para mejorar la asistencia, la ayuda y la protección a la víctimas, algo que Amnistía Internacional ya ha denunciado en varias ocasiones.
Igualmente, la organización también valora positivamente que el pacto pida que se garantice una prestación a todos los huérfanos y huérfanas de la violencia de género como medida para proteger a los menores; que se impulse un seguimiento estadístico de todas las formas de violencia contra las mujeres; y que desde las Comunidades autónomas, entidades locales y otras instituciones se evalúe la formación en materia de igualdad de todos los agentes implicados en la protección a las víctimas de violencia de género. Pero para que esto sea realidad es imprescindible que desde el gobierno y el resto de organismos e instituciones concernidas se anuncien las medidas concretas y los plazos para implementarlas, muchas de las cuales deberán implicar reformas importantes.
Sin embargo, Amnistía Internacional lamenta dos grandes ausencias que no han sido recogidas suficientemente en este Pacto. Además de la ausencia de una verdadera política pública para combatir la violencia sexual, el Pacto no aborda la falta de medidas para reparar a las víctimas mediante indemnización adecuada y con garantías de no repetición que tampoco se contemplaron ni en la Ley Integral, ni en la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito. Si bien se contempla la modificación de esta última ley para mejorar el acceso a información y el acceso a las ayudas, debe realizarse una profunda revisión de la normativa, eliminando todas las trabas que actualmente se encuentran las mujeres víctimas de todo tipo de violencia de género y garantizando que tienen acceso a una verdadera reparación acorde a estándares internacionales de derechos humanos.
El próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es un buen momento para que el Gobierno, en coordinación con el resto de Administraciones públicas, Fiscalía, Poder Judicial y resto de agentes, anuncie medidas concretas para abordar de manera eficaz un problema que ha acabado con la vida de 916 mujeres desde 2008, y con la de 29 menores en los últimos 7 años, y que podría afectar a 2,5 millones de mujeres de los 16 años en adelante, según los datos de la Macroencuesta de 2015.
Fuente: https://www.es.amnesty.org
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