El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha presentado una nueva iniciativa en el CEIP Ana Soto de Albacete, destinada a limitar la publicidad de alimentos poco saludables dirigida a los niños. En su discurso, Bustinduy subrayó la importancia de encontrar un marco normativo eficaz para implementar esta acción, citando ejemplos internacionales que han demostrado ser efectivos para reducir la exposición infantil a anuncios nocivos, que pueden superar los 4.000 al año.
El ministro destacó el impacto negativo que la publicidad tiene en los hábitos alimenticios de los menores. Muchos niños, expuestos a un constante bombardeo de anuncios, pueden tener dificultades para discernir entre la publicidad y otras formas de comunicación. Bustinduy respaldó su postura en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Española de Salud Alimentaria y de Nutrición, las cuales sugieren que restringir la publicidad de productos poco saludables puede tener consecuencias positivas sobre la salud pública.
A pesar de anticipar posibles «grandes resistencias» por parte de un sector industrial influyente, el ministro enfatizó la responsabilidad del Ministerio de defender el interés general y el derecho de los menores a una alimentación saludable. Esta propuesta se suma al Real Decreto de comedores escolares sostenibles y saludables, que garantiza que todos los escolares en España reciban al menos cinco comidas nutritivas al día, sin distinción de origen o situación social. El CEIP Ana Soto fue presentado como un modelo a seguir por otras instituciones educativas para promover la equidad en salud.
Bustinduy también anunció la intención de aplicar criterios similares en los comedores de hospitales y residencias, priorizando productos de origen sostenible para fortalecer el tejido productivo local. Durante su intervención, hizo referencia a la reciente retirada de anuncios de pisos turísticos ilegales en Ibiza, un esfuerzo que valoró positivamente, y mostró su descontento con la falta de respuesta de algunos líderes políticos sobre este problema.
En relación a la propuesta de Ley de Atención al Cliente, Bustinduy defendió el derecho de las empresas a ofrecer sus servicios en los idiomas cooficiales de cada comunidad autónoma, argumentando que esto debería considerarse sentido común. Rechazó las críticas que alertaban sobre una posible violación de la libertad empresarial, insistiendo en que el objetivo es garantizar los derechos de los consumidores.
Finalmente, el ministro se comprometió a resolver los problemas detectados en las pulseras antimaltrato, asegurar su correcto funcionamiento y mejorar el sistema en el futuro para prevenir cualquier situación peligrosa para las mujeres. Aunque no se han reportado casos de peligro, Bustinduy enfatizó la necesidad de seguir avanzando en la protección de los derechos de las personas.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
