El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo ha manifestado su inquietud respecto al método empleado para el control de los contratos municipales y su cumplimiento. Esta preocupación surge principalmente porque son las propias empresas adjudicatarias las que seleccionan las auditorías externas encargadas de supervisar sus actividades. El portavoz de la formación, Txema Fernández, ha propuesto la creación de una comisión que asuma esta labor de control.
Fernández argumenta que es difícil confiar en la objetividad de las empresas designadas para supervisar los servicios, ya que son elegidas por aquellos que están bajo vigilancia. «Nos preocupa que ese control no sea todo lo efectivo que se merece la prestación del servicio», ha comentado, resaltando la importancia de asegurar la objetividad y seguridad en las auditorías, especialmente teniendo en cuenta que los contratos para la gestión de servicios públicos suponen casi la mitad del presupuesto municipal.
El concejal de IU ha recordado que en un pleno municipal de 2019 se aprobó la formación de una comisión compuesta por representantes de las empresas, trabajadores, técnicos municipales y miembros de cada partido político, destinada a analizar el cumplimiento de los contratos. Sin embargo, diversos contratos en la actualidad, como los de parques y jardines, depuración de agua, mantenimiento de edificios, colegios y limpieza viaria, están siendo gestionados bajo esta polémica metodología.
Fernández ha señalado que esta situación puede dar lugar a anomalías, citando como ejemplo el contrato de limpieza viaria y recogida de basura, que fue adjudicado por un importe inferior al recomendado por los técnicos municipales. Este acuerdo prevé como falta grave que parte de la plantilla realice labores en otros municipios, complicando la labor de vigilancia que, según Fernández, debería recaer únicamente en el Ayuntamiento.
El concejal también ha alertado sobre el riesgo de que el personal asignado al contrato de Toledo lleve a cabo trabajos en otras localidades, beneficiando a la empresa adjudicataria. Otro ejemplo que ha mencionado es el contrato de depuración de agua, adjudicado a Aqualia por un importe muy por debajo del estimado por los técnicos, quien también propuso a su propio auditor para supervisar el cumplimiento, lo que genera dudas sobre la imparcialidad del proceso.
Con un costo anual de 20.000 euros para la auditoría externa, Fernández ha cuestionado la naturaleza del informe de cumplimiento, subrayando la falta de imparcialidad en una supervisión realizada por una empresa cuya elección está influenciada por Aqualia. Esta circunstancia ha llevado a Izquierda Unida a instar al gobierno a considerar un modelo de control más eficaz y transparente.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
