Un total de 13.288 alegaciones se han presentado al Plan Regional de Biometanización 2024-2030 ante la Consejería de Desarrollo Sostenible, recogidas por las plataformas vecinales contrarias a las macroplantas de biogás y macrogranjas. El periodo de información y alegaciones, que comenzó el pasado 18 de junio con la apertura de la consulta pública de la Evaluación Ambiental Estratégica del plan, finalizó la semana pasada. Dicho plan prevé la construcción de entre 113 y 280 instalaciones de biogás-biometano distribuidas por toda la región.

De acuerdo con los datos de la Junta de Castilla-La Mancha, actualmente hay más de 50 proyectos de biogás y biometano en tramitación. El fuerte incremento de estas iniciativas en las cinco provincias ha impulsado la creación de alrededor de 20 colectivos vecinales, que rechazan un modelo basado en macroplantas al considerar que está orientado a favorecer los intereses de las empresas del sector, maximizando sus beneficios, mientras desatiende los impactos ambientales y los riesgos para la salud pública de las poblaciones cercanas.

Además, se da la circunstancia de que la elaboración y evaluación ambiental del plan fueron adjudicadas de manera directa por la Junta a Biovic Consulting, una compañía dedicada precisamente al desarrollo de plantas de biogás.

Entre las entidades consultadas en el periodo de alegaciones, se encuentra la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad. En su informe, cuestionan seriamente muchos de los apartados del Plan y de su Evaluación Ambiental Estratégica. La Consejería de Sanidad critica a la de Desarrollo Sostenible por no incluir referencias a aspectos sanitarios en el Plan que regulará las plantas de biogás en Castilla-La Mancha. Además, advierte sobre el riesgo de contaminación de acuíferos y el peligro de escape de gases que podrían provocar irritaciones respiratorias y otras enfermedades.

Las plataformas vecinales aseguran que este Plan fomenta un modelo de planta de biogás de enormes dimensiones, de alto impacto social y ambiental, que aumenta los riesgos ante cualquier incidente en la planta y que solo busca la rentabilidad económica en detrimento de un modelo más lógico de pequeñas plantas que respondan a los intereses concretos del territorio, en lugar de a los intereses de las compañías energéticas y fondos de inversión.

El modelo propuesto, consideran, contribuirá a los desequilibrios territoriales, no ayudará a la descarbonización ni mitigación del cambio climático, y no generará empleo significativo en el mundo rural. Además, argumentan que el tamaño medio de los proyectos que se están promoviendo es superior a las 150.000 toneladas, llegando incluso a 300.000, una cifra que consideran desmesurada y diseñada únicamente para maximizar ganancias.

También alertan que la instalación de estas plantas podría atraer más macrogranjas a la región, con las molestias e implicaciones ambientales que eso conllevaría. Como ejemplo, mencionan la planta construida en Lluxent, donde el ayuntamiento ha respaldado las protestas de los vecinos por malos olores e incidentes como incendios.

Los colectivos expresan desconfianza respecto a las expectativas de empleo e inversión, y se oponen al uso directo del digestato, un subproducto de las plantas de biogás, en los campos sin tratamiento previo. Consideran alarmante que la Consejería de Desarrollo Sostenible pretenda aprobar un Plan redactado por la propia industria del biogás, el cual ha generado inquietud en la Consejería de Sanidad por su falta de atención a las repercusiones sanitarias.

vía: Diario de Castilla-La Mancha