Castilla-La Mancha avanza en la transformación del sistema de dependencia con la reducción del «limbo de la dependencia»

Durante el V Foro Económico organizado por El Español en Castilla-La Mancha, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, anunció importantes logros en la transformación del sistema público de dependencia de la región. En un diálogo centrado en el bienestar social y la humanización de los cuidados, la consejera resaltó que la comunidad ha logrado reducir en un 97% la situación conocida como «limbo de la dependencia», que durante años dificultó el acceso a derechos y atención para las personas más vulnerables.

García Torijano lamentó el impacto negativo que esta problemática tuvo en la vida de muchos ciudadanos, así como en la sociedad en su conjunto. Desde 2015, bajo la dirección del presidente Emiliano García-Page, el gobierno regional se comprometió a revertir estos efectos y recuperar derechos fundamentales. Este esfuerzo integral ha involucrado un aumento del financiamiento, la incorporación de más profesionales y la mejora de la gestión administrativa.

Actualmente, Castilla-La Mancha proporciona atención a más de 82,000 familias y gestiona 118,000 prestaciones activas. La consejera destacó que el tiempo medio para resolver los expedientes se sitúa en 165 días, significativamente por debajo de la media nacional de 341 días, posicionando a la región entre las cuatro comunidades autónomas que cumplen con el plazo legal de seis meses establecido por la normativa estatal.

Sin embargo, García Torijano también lanzó una crítica a la infrafinanciación del Sistema de Dependencia por parte del Estado. A pesar de que ha habido incrementos en la inversión en los últimos años, esto no ha sido suficiente. La consejera planteó a las comunidades autónomas una difícil elección: no ofrecer las atenciones necesarias o defender los derechos de los ciudadanos. En Castilla-La Mancha, según comentó con firmeza, se decidió optar por lo segundo.

De cara al futuro, el año 2026 se perfila como un año decisivo, ya que la región alcanzará el mayor presupuesto de Bienestar Social de su historia, con un total de 953,1 millones de euros, de los cuales más de 692 millones estarán destinados a dependencia. Este compromiso por un sistema público sólido persiste a pesar de las dificultades financieras.

En relación con las propuestas del Partido Popular sobre «blindar» los derechos sociales, García Torijano respondió que quienes hacen tales afirmaciones deberían primero recuperar la confianza que se perdió durante su gestión pasada. Señaló que en el pasado hubo oportunidades para garantizar jurídicamente los derechos sociales y su financiación que no fueron aprovechadas.

Para la consejera, la mejor manera de proteger el sistema público es a través del Estatuto de Autonomía, donde es posible «blindar los derechos sociales y su financiación de un modo estructural, no coyuntural». Reiteró la necesidad de coherencia política, subrayando que las acciones deben coincidir con las palabras.

El Gobierno de Castilla-La Mancha sigue trabajando para consolidar un sistema público robusto y bien estructurado, con más de 5,900 plazas residenciales ya garantizadas y convocatorias resueltas anticipadamente para proporcionar estabilidad a las entidades del Tercer Sector. Este compromiso quedó reflejado en su participación en el foro, donde la consejera compartió el panel con representantes de distintas organizaciones, como la Fundación ‘la Caixa’ e ILUNION VidaSénior, mostrando la necesidad de adaptarse a los retos demográficos y sociales del sector del cuidado.