El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha manifestado su descontento ante la reciente imposición por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha de un nuevo impuesto que incrementará la factura del agua para los ciudadanos a partir del 1 de enero de este año. Durante una rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por varios miembros del equipo de Gobierno y el director gerente de Aguas de Albacete, Serrano aseguró que solicitará a la Junta que devuelva al Ayuntamiento la totalidad de los ingresos recaudados como resultado de este nuevo canon medioambiental.

El alcalde criticó duramente la implementación de esta medida, afirmando que se llevó a cabo «con nocturnidad y alevosía», ya que la resolución fue publicada el 31 de diciembre de 2024, dejando escaso tiempo para que los ciudadanos pudieran prepararse para el cambio. Esto, según él, implica un «esfuerzo suplementario» para los albaceteños, quienes ya enfrentan otros impuestos relacionados con el abastecimiento de agua y que se suma a los costes de potabilización y la mejora de redes.

Serrano indicó que el Ayuntamiento reclamará la devolución completa del dinero recaudado, con la finalidad de continuar renovando las redes de saneamiento y alcantarillado de la ciudad. Los ciudadanos recibirán una carta junto con la primera factura afectada por este canon, en la que se explicará que ni Aguas de Albacete ni el propio Ayuntamiento son responsables de esta carga, señalando que proviene de la Junta.

Asimismo, el alcalde expresó su preocupación por la falta de claridad por parte del Gobierno regional acerca de las bonificaciones y los canales de reclamación para los ciudadanos. Según sus proyecciones, el Ayuntamiento tendrá que recaudar alrededor de 4 millones de euros anualmente por este impuesto, aunque se estima que solo regresará un 25% de esa cantidad para inversiones.

En cifras concretas, se estima que los hogares aportarán alrededor de 2,2 millones de euros, mientras que las zonas industriales contribuirán con 800.000 euros y el comercio y la hostelería con 280.000 euros, entre otros. Serrano criticó que la justificación del aumento por parte de la Junta, aduciendo motivos medioambientales, resulta insatisfactoria ya que de los casi 4 millones recaudados solo se destinarán 800.000 a inversiones.

Este nuevo impuesto tendrá un impacto significativo en las familias y en el tejido empresarial, especialmente en un hogar promedio de cuatro personas que experimentará un incremento del 15% en su factura de agua, lo que se traduce en un costo adicional de aproximadamente 24 euros anuales. Sectores como estaciones de servicio, peluquerías y lavanderías se verán particularmente afectados, enfrentando aumentos notables en sus costos operativos.

Serrano también destacó que las grandes empresas con alto consumo de agua, como las de congelados y reciclaje, verán incrementos en sus facturas, lo que podría comprometer su viabilidad económica, en un contexto donde una parte significativa de la población ya enfrenta dificultades financieras, evidenciado por las estadísticas del INE que indican que el 13% de la población de Castilla-La Mancha tiene serias dificultades para llegar a fin de mes.

vía: Diario de Castilla-La Mancha