La alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, ha expresado su creciente preocupación por el incumplimiento del convenio de colaboración que fue firmado en octubre de 2005 entre el Ayuntamiento, Minas de Almadén y Arrayanes SA (Mayasa) y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En una reciente entrevista con Europa Press, Jurado enfatizó la necesidad de elevar el tono de sus demandas al Gobierno de España, argumentando que la situación actual del municipio requiere una acción decidida.
Desde que asumió su cargo hace más de un año y medio, Jurado ha colocado esta reivindicación en el centro de su agenda política. Ha señalado que el convenio permanece «incumplido» dos décadas después de su firma y ha resaltado su importancia para el desarrollo local. La alcaldesa insistió en que Minas de Almadén debe aprovechar el terreno adquirido para maximizar su potencial en beneficio de la comunidad.
Jurado también recordó su visita al Congreso de los Diputados en el último trimestre de 2024, donde presentó diversas consultas al Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, las respuestas recibidas hasta ahora no han satisfecho las expectativas del municipio. «Vamos a informar a los vecinos de Almadén sobre esta situación», aseguró, haciendo hincapié en que se están preparando para una intensa campaña informativa.
La alcaldesa no descarta llevar el asunto a los tribunales si el Gobierno no responde de forma adecuada a sus exigencias. Jurado subrayó que el convenio vigente merece ser cumplido y rechazó la idea de que Almadén, un pueblo con una rica historia de aportaciones al país, quede relegado a un segundo plano por motivos económicos de una empresa que parece priorizar su sostenibilidad financiera sobre el bienestar local.
Las tensiones entre el Ayuntamiento y la empresa Mayasa han aumentado a raíz del cuestionamiento del uso público de caminos en la Dehesa de Castilseras, lo que ha generado un enfrentamiento legal que representa costos adicionales para el municipio. A pesar de estas adversidades, Jurado mostró su determinación para continuar luchando por los derechos de los residentes y afirmó que su demanda por el cumplimiento del convenio seguirá, independientemente de cualquier cambio en el gobierno.
En relación con la situación interna del Ayuntamiento, Jurado reveló que se encontró con un panorama más complicado de lo que esperaba, incluyendo una deuda que impone ajustes financieros y un considerable número de expedientes administrativos pendientes. A pesar de estos desafíos, se comprometió a trabajar arduamente para llevar a cabo su programa electoral y mejorar la situación del municipio, un esfuerzo que requerirá tanto iniciativas internas como la movilización y participación de la comunidad.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
