En un giro político notable, casi simultáneamente a la votación en el Congreso donde el Partido Popular (PP) se unió a Junts y al Partido Nacionalista Vasco (PNV) para derribar la propuesta de tasa a las energéticas, las Cortes de Aragón vivieron su propio episodio legislativo. Con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el PP logró aprobar la Ley de la Energía de Aragón, presentada como clave para el desarrollo de un sistema energético autónomo en la comunidad. Sin embargo, esta medida ha suscitado críticas por considerarse favorable a los grandes operadores del sector.

La ley en cuestión es un reflejo del Decreto Ley emitido en 2023 por el gobierno de Javier Lambán, que fue posteriormente anulado por el Tribunal Constitucional. Bajo la nueva administración de Azcón, y tras un pacto con el PSOE, la normativa se reintrodujo en el Parlamento, aunque esta vez como Ley y mediante un proceso de lectura única, acelerando su aprobación en un lapso de tres horas de sesión parlamentaria. No obstante, su implementación está lejos de ser segura, ya que «Teruel Existe» ha anunciado su intención de llevar la ley ante el Tribunal Constitucional, y varios expertos advierten sobre posibles competencias exclusivas del Gobierno Central que se estarían invadiendo.

Este suceso contrasta con la situación en Madrid, donde la energía y su regulación también ocupan un lugar central en la agenda política, aunque con resultados diferentes. En Aragón, la ley ha reavivado el debate sobre el control y la gestión de la energía, un tema que se ha convertido en un punto de fricción entre los partidos políticos de la región.

Según sus promotores, la Ley de la Energía de Aragón busca ofrecer seguridad jurídica, atraer grandes proyectos, abaratar costes en el recibo de la luz para los ciudadanos, fomentar el autoconsumo y las comunidades energéticas locales. A su vez, alude a la protección de zonas afectadas a través de la creación de un Fondo Aragonés de Solidaridad Energética. El PSOE ha respaldado la iniciativa, viéndola como una continuación de su política energética previa, mientras que la adhesión del PAR asegura el uso de la energía generada dentro de la comunidad.

No obstante, desde la oposición, el descontento es palpable. Reclamaciones como las presentadas por CHA, que acusa al procedimiento de falta de diálogo y participación, y las críticas de Vox, que alegan una redacción de la ley “al dictado del lobby energético”, evidencian la complejidad y el desacuerdo existente alrededor de la regulación energética en Aragón. Sumado a esto, partidos como IU y Podemos, que respaldaron medidas similares en el pasado, ahora se oponen a la ley, argumentando que beneficiaría desproporcionadamente a las grandes energéticas en detrimento del interés general.

El contexto energético en Aragón se torna aún más complejo ante el desafío de equilibrar la expansión de las energías renovables con la preservación del entorno natural y el respeto a las comunidades locales. Con la Ley de la Energía de Aragón recién aprobada pero enfrentando potenciales obstáculos legales, y con el despliegue de proyectos energéticos que siguen generando polémica, el futuro energético de Aragón pende de un hilo en una balanza entre innovación, sostenibilidad y justicia social. La comunidad autónoma se encuentra ahora en un momento crucial, buscando definir su camino hacia un modelo energético que se propone ser más autónomo y sostenible.