Guadalajara, 10 de octubre de 2024.- El delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández-Montes, ha tomado la palabra esta mañana para aclarar las competencias relacionadas con la actuación en el entorno de la capilla de Luis de Lucena. Según Fernández-Montes, la responsabilidad recae en el Ayuntamiento, que en 2014 abrió un expediente de declaración de ruina y derribo a solicitud del propietario del inmueble. Sin embargo, dado que la capilla forma parte de una zona que alberga dos Bienes de Interés Cultural (BIC)—la concatedral de Santa María y la propia capilla—, el Ayuntamiento necesitaba un informe de la Delegación de Cultura. Este documento no fue solicitado hasta tres meses después, provocando una serie de contratiempos.
El Servicio de Patrimonio de la Junta emitió un informe favorable para la demolición, pero con la condición de que se conservasen ciertos elementos valiosos debido a la significancia patrimonial de la estructura. La capilla, diseñada por el arquitecto Mariano Rodríguez-Avial, es considerada una obra de interés especial gracias a su estilo racionalista.
A pesar del tiempo transcurrido y de la falta de acciones por parte de los propietarios del inmueble adyacente, le corresponde al Ayuntamiento actuar de manera subsidiaria, tal como prescribe el artículo 140 del texto refundido de la LOTAU. Sin embargo, recientemente se ha cerrado el acceso a la capilla a los visitantes sin que se haya solicitado permiso a la Junta, que es la administración competente en esta decisión. Esto se debe a un presunto problema con un muro medianero que el Ayuntamiento considera en riesgo de colapso, pero que según su propio criterio no posee valor patrimonial.
El delegado ha expresado su sorpresa al ver que el Ayuntamiento pretenda que sea la Junta la que asuma la responsabilidad total del expediente municipal. Fernández-Montes ha lamentado lo que considera una falta de interés por parte del consistorio, que, a pesar de ser el único Ayuntamiento capital de la región que no cuenta con un Inventario y Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos actualizado, ha solicitado un informe sectorial a la Junta sobre los elementos que deberían permanecer.
Teresa Sagardoy, jefa del Servicio de Cultura y Patrimonio, explicó que, de tener un inventario actualizado—el cual data de 1999—se duplicarían los bienes registrados. Esta falta de actualización también ha llevado a que cada vez que se planifican obras, los ciudadanos y empresas deban realizar estudios sobre terrenos en los que desean edificar, lo que representa una carga económica considerable.
Dado que cualquier obra en un área protegida por dos BIC requiere de una evaluación cuidadosa, el Ayuntamiento ha solicitado el informe a la Junta para identificar qué elementos deben ser preservados, pero no para trasladar la ejecución del expediente a la administración regional.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
