El Tribunal de Cuentas ha impuesto a Vox una sanción de 233.324,22 euros por financiación irregular, según publica El País. El órgano fiscalizador ya había avisado hace meses al partido de Santiago Abascal de que sus colectas para querellarse contra rivales políticos eran irregulares.
Las infracciones se produjeron en 2019, cuando Vox promovió una campaña de recaudación para la “causa” denominada Querella contra Quim Torra, por la que recaudó 31.664,80 euros. El Tribunal de Cuentas considera irregular la captación de 10.563,45 euros de esta colecta, argumentando que el resto del dinero eran aportaciones de sus propios afiliados, según la información de El País.
Además, Vox ingresó otros 120.482,93 euros en 2019 “para la causa Ayúdanos con la fianza Borja”. Borja fue un joven condenado a dos años de cárcel y una indemnización de 180.000 euros por el homicidio de un atracador al que se enfrentó. La sentencia consideró probado que no actuó “en legítima defensa”. Pese a ello, Vox inició una colecta para evitar su entrada en prisión. Del dinero recaudado procedente de 5.770 donantes, el órgano fiscalizador considera irregulares 91.662,11 euros, tras excluir el dinero que aportaron los afiliados.
Así, el Tribunal de Cuentas impone una primera sanción de 50.000 euros, que es el mínimo fijado para las infracciones muy graves. Además, se le impone una segunda multa que asciende a 183.324,22 euros, el doble de la cantidad irregularmente recaudada para la campaña por “la fianza de Borja”.
La sanción del Tribunal de Cuentas podría tener importantes repercusiones para Vox, tanto en términos financieros como en su imagen pública. Este tipo de sanciones subraya la importancia de cumplir con la ley de financiación de partidos para mantener la integridad y transparencia en la política.
Vox, por su parte, ha defendido sus campañas de recaudación de fondos, argumentando que son necesarias para sus iniciativas legales y políticas. Sin embargo, la multa impuesta podría forzar al partido a reevaluar sus estrategias de financiación y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes para evitar futuras sanciones.
